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Rocío Nahle se defiende, señala que la ley se cumple

Asegura que tiene 36 años de residencia en Coatzacoalcos

Itzel Molina

La titular de la Secretaria de Energía, Rocío Nahle García, se defendió ante los señalamientos y críticas que ha recibido en contra tras el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se declaró inconstitucional la fracción III de la Constitución Política local en la que se señalaba que una persona podría considerarse veracruzana al tener hijos nacidos en la entidad.

La funcionaria hizo uso de sus redes sociales para afirmar que siempre ha cumplido la ley y a la fecha cuenta con una residencia efectiva de 36 años en Coatzacoalcos.

«Con satisfacción y orgullo informo que tengo 36 años de residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, donde he formado una familia y tengo mi hogar», expuso.

Además, consideró como absurdo la crítica que ha recibido, principalmente de la oposición, «ahora el absurdo en la crítica; si me muevo para trabajar, si salgo a comprar al mercado, si mi casa es mi casa, si pago el recibo de la Luz, si los vecinos me vieron…, y cuanta ocurrencia».

Refirió que en su momento serán los veracruzanos quienes decidan, «¡El pueblo manda y es nuestro amo!».

«Como senadora de la República por Veracruz y Secretaria de Energía del Gobierno de México, estoy para servir a todos los mexicanos y a este movimiento de la #4T», manifestó.

De la misma forma, afirmó que si compromiso y convicción es la transformación en México y «en eso estoy aplicada ayudando al presidente Andrés Manuel López Obrador».

Con la publicación de un pequeño video en el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la defiende y asegura que sí puede contender por la gubernatura, Nahle García argumentó que la ley se acata y cumple.

«Ayer la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) determinó que los no nacidos en Veracruz si somos veracruzanos con un tiempo de residencia efectiva de 5 años. Se acata y se cumple», agregó.

Adán Augusto.


Parlamento Veracruz.
Juan Javier Gómez Cazarín

Uno de los aprendizajes más importantes en el Grupo Legislativo de Morena, en la Legislatura pasada y en la actual, ha sido la necesidad de conservar la unidad. Producto de esa firme unidad, hemos logrado grandes avances en la agenda legislativa de la 4T.

¿Difícil? Supongo que sí. Algún grado de dificultad tendrá conciliar intereses personales, formas de pensar, rasgos de carácter, aspiraciones de crecimiento político y, de pronto, hasta vanidades –porque somos humanos-. Súmenle las diferencias de edad, de formación, las historias de vida y los orígenes geográficos. ¿Imposible? Para nada. La prueba es que lo hemos logrado siempre.

Creo que la clave ha sido responder a nuestras convicciones y a nuestro compromiso con el movimiento transformador del presidente Andrés Manuel López Obrador. Poner eso por delante de nuestras propias agendas.

Por eso me dio mucho gusto acompañar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que, como buen anfitrión, la semana pasada invitó un café al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández en La Parroquia, previo a un diálogo que el tabasqueño encabezó sobre la importante y muy necesaria Reforma Electoral.

Me dio gusto, sobre todo, comprobar nuevamente que Veracruz es tierra de unidad y que todos los precandidatos de Morena a la Presidencia de la República son igual de bienvenidos. Adán Augusto, Claudia y Marcelo –en orden alfabético- son ejemplares defensores de la 4T. ¿Cada quien en Morena tiene su corazoncito? Seguro que sí. ¿Hay piso parejo para los tres? Sin duda. ¿Vamos a apoyar a quien gane la encuesta? Con todo. Que no quede duda.

Cualquiera de ellos ganará en el 2024 con todo el respaldo del morenismo veracruzano que, como ya lo ha hecho antes, con el liderazgo de Cuitláhuac se volcará a respaldar este proyecto que necesita ser continuado más allá del horizonte sexenal.

Ese piso parejo para Adán Augusto, Claudia y Marcelo es, por sí mismo, un elemento que servirá para mantener la unidad y que, quien obtenga la candidatura, la haya logrado en igualdad de condiciones. A la buena, pues.

La carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Como la que me eché ayer domingo. Nada menos que 21 kilómetros en el puerto de Veracruz. Creo que es la más importante carrera del Estado, con más de cinco mil corredores.

Hubo ratos que ya venía echando el bofe, pero la terminé porque lo mío nunca es renunciar. Para ser exactos, corrí dos horas, 12 minutos y 58 segundos, según el cómputo oficial, y quedé en el lugar 484. O sea que si éramos más de cinco mil, quedé entre el primer 20 por ciento. Nada mal, viniendo de cinco Covids, uno de los cuales me llevó hasta el hospital.

Así son las carreras y la política. No renunciar, dar lo mejor de sí y reconocer cuando alguien corrió mejor que nosotros.

Diputado local. Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz.

Reconoce Gómez Cazarín a la SEV por procurar felicidad a niñas y niños veracruzanos

Porque la felicidad de las niñas y niños debe procurarse desde cualquier trinchera, el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín reconoció al secretario Zenyazen Escobar García por encabezar la campaña “Dona un juguete, dona amor”, que llevará sonrisas y alegría a miles de infantes en las comunidades apartadas del estado.

El Presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), del Congreso de Veracruz, destacó que el conocimiento se asimila mejor cuando las niñas y niños encuentran motivos de felicidad en las aulas, en sus entornos inmediatos, por lo que preservar la tradición de los Reyes Magos, desde el sector educativo, es fundamental para motivar a la población estudiantil.

Felicitó a Zenyazen Escobar García, secretario de Educación de Veracruz (SEV), por esta cruzada, que su único objetivo es mantener la ilusión y la esperanza en la niñez veracruzana, de que sus anhelos y sueños pueden materializarse.

“Estamos en una transformación humanista, donde el gobierno y quienes somos servidores públicos nos preocupamos y ocupamos en generar bienestar, en llevar felicidad a la población y, en especial, se trabaja a favor de la niñez, de su educación, su salud, sus cuidados y derechos”, enfatizó.

Juan Javier Gómez Cazarín destacó el liderazgo de Zenyazen Escobar en el sector educativo estatal, que permite la suma de voluntades para seguir transformando al sistema en Veracruz, dignificar los espacios y ampliar la infraestructura al servicio de la niñez y juventud estudiosa.

Hay obras materiales, dijo, que se notan, pero también hay acciones que desde la SEV impactan en el corazón de la población; llevar un juguete hasta las comunidades alejadas le brindará dicha y felicidad a miles de niñas y niños de escasos recursos, lo cual es posible gracias a la generosidad de miles de ciudadanos participantes en esta campaña.

Tribunal, vamos por menos.


Parlamento Veracruz.
Juan Javier Gómez Cazarín

Este fin de semana circuló el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales respecto a una Iniciativa que presenté para adecuar las leyes secundarias con la Reforma Constitucional que también a propuesta mía- desapareció el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y creó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz.

Como mañana martes tenemos Sesión, es casi seguro que aprobaremos dicho dictamen, con lo que prácticamente estará terminado el Proceso Legislativo para inaugurar una nueva era en materia de justicia administrativa. Ya de ahí, sólo estará pendiente que el propio Tribunal, ya constituido, expida sus nuevos reglamentos.

¿Por qué mi insistencia con este asunto? Porque los tribunales administrativos del Estados y el de la Federación tienen dos atribuciones muy importantes para la vida pública:

Por un lado, son los encargados de solucionar inconformidades de ciudadanas y ciudadanos con el poder público de índole no penal. Los actos reclamados pueden ser multas, clausuras, revocaciones de permiso o cortes de agua que cualquier persona considere injusta o desproporcionada. Sin un buen Tribunal Administrativo cualquier autoridad se puede pasar de rosca sin que nadie defienda a la ciudadanía.

Y, por otro lado, los Tribunales Administrativos son parte del Sistema Anticorrupción porque se encargan de aplicar las sanciones no penales a servidoras y servidores públicos que le jugaron al vivo y cometieron faltas (que, justamente, se llaman faltas administrativas). En otras palabras, son los encargados de inhabilitar a corruptas y corruptos para que no vuelvan al menos por varios años a trabajar en cualquier área de Gobierno.

Por eso, un Tribunal Administrativo débil, ineficaz, ineficiente, burocrático y mal organizado es una calamidad para el pueblo.

Esta reforma es una de las que podemos sentirnos más orgullosos, mis compañeras, compañeros y un servidor. Vamos a dejarle a Veracruz un Tribunal que sea auténtico reflejo de los nuevos tiempos de la Cuarta Transformación y un contrapeso contra servidoras y servidores públicos de ahora y del futuro- que se pasen de galletas con el pueblo y con el dinero que no es suyo.

Aguanten, ya vamos por menos.

Gobierno de veracruz ha superado crisis económica y pandemia con responsabilidad y compromiso: Enrique Santos

Al reconocer que en estos cuatro años, el actual gobierno ha superado la crisis económica que había vulnerado al estado, así como los efectos de la pandemia, con responsabilidad, compromiso y amor al pueblo, el diputado local Juan Enrique Santos Mendoza enfatizó que los resultados, hechos y acciones, plasmados en su Cuarto Informe, expresan lo mucho que se puede hacer cuando existe una profunda ética en el servicio público y se hace un uso eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos.

Con orgullo, prosiguió el Representante popular, Veracruz pasó de ser uno de los estados con peor desempeño en la gestión del gasto a tener un gobierno que es ejemplo de austeridad, honestidad y sensibilidad con quien más lo necesita.

Al expresar su posicionamiento respecto a la comparecencia del Ejecutivo estatal por su Cuarto Informe de Gobierno, Santos Mendoza le solicitó al gobernador Cuitláhuac García Jiménez disponer la infraestructura necesaria que coadyuve a resolver el congestionamiento vehicular registrado a diario en la avenida “Lázaro Cárdenas”, e instruir a las áreas involucradas para avanzar en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, tras vencerse el plazo de 180 días otorgado a las legislaturas locales para tal fin.

El mandatario estatal le aseguró al diputado Juan Enrique Santos que en el 2023 se realizarán dos puentes vehiculares para dar respuesta a su demanda respecto a “Lázaro Cárdenas”; uno de ellos será en el acceso a Las Trancas y otro más a la altura de La Corona, lo que contribuirá a agilizar la circulación.

“Son obras que correrán a cargo del Gobierno del Estado, así se acordó con el presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued; el que se construirá a la altura de la Plaza Urban y la Corona, será de los más grandes a realizarse en esta administración”, anunció durante su comparecencia.

De igual forma, logró el compromiso del gobernador García Jiménez para la entrega de la iniciativa de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial para el estado de Veracruz; incluso, el Legislador será invitado a las mesas de trabajo para que la propuesta final contenga las observaciones del Poder Legislativo.

Enrique Santos reconoció que los retos planteados en estos años no dieron margen para el descanso, el dispendio o el derroche de los recursos públicos, enfrentándolos, además, con responsabilidad, compromiso y gran amor al pueblo.

Destacó del informe los resultados obtenidos en materia de capacitación y empleo para los jóvenes; el establecimiento del nuevo sistema de justicia para brindar certeza a la clase trabajadora, así como las estrategias encaminadas a fomentar la inversión y las relaciones comerciales con otros países, acabando con las prácticas del pasado, de pedir sobornos a quien quería invertir en el estado; en tanto, que es digno de mencionar la gran obra en materia de salud impulsada en este año.

Desde la representación popular que ostenta, le reiteró su disposición de seguir sumando en la transformación de Veracruz e invitó al resto de legisladores a dejar de lado los colores partidistas, porque éstos pasan a segundo plano cuando se trata de impulsar el desarrollo, progreso y bienestar de los más de ocho millones de veracruzanos.

Denuncia formalmente GLPRI a funcionarios del gabinete de Veracruz ante la Contraloria General.

Durante la comparecencia de la Contralora General del Estado, la diputada local Anilú Ingram Vallines exigió se esclarezcan los casos de hostigamiento y acoso sexual, la contratación de empresas de nueva creación, la contratación de empresas de objeto comercial distinto al de los procesos licitatorios, la entrega de contratos a empleada de gobierno, las nóminas ocultas, las empresas fantasma, así como la la pérdida de 300 millones de pesos en un banco que ya no existe; cuestionamientos que los diputados priistas han realizado a los diferentes servidores públicos que han comparecido ante los diputados.

“¿Cómo va a actuar la Contraloría que usted encabeza ante estos señalamientos?, ¿ya inició algún seguimiento al respecto o seguiremos en espera de respuesta sin acción?”, cuestionó la Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI.

Ingram Vallines le entregó las preguntas que los diputados del grupo legislativo del PRI le hicieron a los secretarios, presentándolas como denuncia ciudadana e inconformidad de licitaciones, concursos, convenios o contratos que celebren dependencias y entidades de la administración pública estatal; esto para que se tomen cartas en el asunto y puedan iniciarse las investigaciones correspondientes.

Además pidió conocer cuáles fueron las acciones que se establecieron por Sistema Estatal Anticorrupción y solicitó copia de los informes periódicos que le envió al Comité Coordinador de dicho Sistema Estatal Anticorrupción sobre el resultado de las evaluaciones del desempeño de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de los recursos públicos, así como de las acciones que procedieron para corregir irregularidades detectadas.

Para finalizar la diputada local Anilú Ingram señaló un caso de violencia contra una trabajadora de la Contraloría General del Estado, que fue ventilado en los medios, por lo que le pidió a la titular revisar el desempeño de ella y de sus subalternos en un tema tan sensible como el de las mujeres.

Ante estos cuestionamientos la Contralora señaló: “Voy a contestar lo más que pueda a sus preguntas, son muy diversas”.

En Veracruz se persigue y castiga a los feminicidas; no hay complicidades: Rosalinda Galindo

“A diferencia de otras entidades gobernadas por partidos opositores a Morena, en Veracruz a los feminicidas se les persigue y encarcela, porque hay instituciones comprometidas con las mujeres y las víctimas del delito; ya no hay complicidades ni impunidad”, afirmó la diputada Rosalinda Galindo Silva.

La Representante del Distrito local de Xalapa I refirió que la lucha por erradicar la violencia de género y feminicida se da sin cuartel, para llevar a prisión a los presuntos responsables y aplicarles el mayor castigo previsto en el Código Penal.

Destacó que con la llegada de Verónica Hernández Giadáns a la Fiscalía General del Estado se acabaron las redes de complicidades e impunidad de la cual gozaban los presuntos delincuentes; ahora, enfatizó, se realiza un trabajo profesional y preciso para identificar a quienes atentan contra las mujeres y detenerlos.

“El caso de Monse, precisamente, Marlon “N”, responsable de su muerte, está en prisión bajo un proceso penal muy sólido, así como también está en la cárcel Greek Román “N”, feminicida de Viridiana Morena, de Tlaltetela, o Aldo Adán, victimario de Silvia Jazmín, hecho ocurrido en Coatzacoalcos, o Antonio “N”, quien mató a Viviana, aquí en Xalapa. La lista es larga, fruto del trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad y la Fiscalía General del Estado”, refirió Galindo Silva.

Lamentó que algunos legisladoras y legisladores de oposición callen ante lo que pasa en otras entidades gobernadas por sus partidos, donde brutales asesinatos de mujeres, como el de Debanhi, en Nuevo León, no tienen avances para identificar, ubicar y detener a los feminicidas; hay ineficiencia, corrupción y hasta complicidades, pero ahí sí no levantan la voz.

Igual ocurrió -dijo- en los tres pasados gobiernos emanados del PRI y PAN, donde las estadísticas de feminicidios se dispararon exponencialmente, pero no el número de detenidos por estos atroces crímenes; ahí, las y los diputados de dichos partidos callan, miran para otro lado.

“En Veracruz, con Ley Monse o sin ella, se garantiza justicia para las mujeres y las víctimas de la violencia de género y violencia feminicida; no se actúa con hipocresía ni doble discurso; se actúa con la ley en la mano, porque -a diferencia del pasado- el gobernador Cuitláhuac García Jiménez es un mandatario que no pacta con la delincuencia, que no tolera la corrupción ni simula combatir la inseguridad”, aseveró.

Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre es la nueva presidenta del Poder Judicial

Itzel Molina

Este viernes, la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fue electa presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Veracruz.

En sesión, el pleno integrado por los magistrados y magistradas presidentas de Sala decidieron por mayoría de votos que Jiménez Aguirre esté al frente del Poder Judicial durante el periodo 2022-2025. Esto con la posibilidad de reelegirse por una sola ocasión.

Jiménez Aguirre será la sucesora de la magistrada Isabel Inés Romero Cruz, quien concluyó su periodo al frente del Poder Judicial el pasado 30 de noviembre.

Durante la sesión la magistrada Florencia Cruz Hernández fue nombrada escrutadora y la magistrada Ailett García Cayetano, fue seleccionada como presidenta de debates.

Una vez verificado el quorum, la Secretaria de Acuerdos dio a conocer que era momento de presentar las propuestas que serían sometidas a votación para la elección.

Tras ello, la magistrada Ailett García Cayetano propuso que la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fuera considerada para el cargo, siendo el único nombre registrado.

La votación se realizó de manera anónima, por lo que cada uno de los integrantes del pleno escribió el nombre de quien deseaban que fuera la nueva titular del Poder Judicial en un papel blanco que fue colocado en una urna.

Al realizar el conteo de los votos Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre obtuvo siete votos y la magistrada Alma Rosa Flores Ceballos un voto, pese a que no fue propuesta.

Una vez registrado el conteo, la presidenta de debates tomó protesta a la nueva titular del Poder Judicial.

Luego de la toma de protesta, la magistrada fue ampliamente felicitada por los magistrados y trabajadores, además del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, quien se presentó a la sesión, pese a que se trata de un proceso interno del Poder Judicial.

De manera previa se habría señalado que las magistradas Ailett García Cayetano y María Lilia Viveros Ramírez estarían en la lista de candidatas para la presidencia, pero ninguna de las dos fue propuesta para el cargo ni recibió votos a favor.

Luego del protocolo con el que fue electa y nombrada presidenta del Poder Judicial, la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre aseguró que seguirá cumpliendo con las directrices de la profesionalización, la modernización y el combate a la corrupción, mismas que se han desarrollado en el Tribunal Superior de Justicia.

“Gracias por la confianza depositada por mis pares hacia la suscrita, mi compromiso es con la sociedad veracruzana y con esta institución que me ha dado tanto”, dijo.

Refirió que, además, seguirá aplicando los lineamientos “con la postura que ya ha marcado el presidente de la República y el gobernador de austeridad”.

De la misma forma, agradeció la labor que los trabajadores de este poder realizan cada día para cumplir con la impartición de justicia.

“Quiero decirles a todos los integrantes del Poder Judicial que reconozco la labor tan ardua que realizan día a día, que vean en mi a una compañera porque conozco los sacrificios que conlleva la labor jurisdiccional. Agradezco a todos aquellos que me apoyaron para llegar a este momento”, agregó.

¿QUIÉN ES LISBETH AURELIA JIMÉNEZ AGUIRRE?

La magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre fungía como presidenta de la Primera Sala en materia penal, cargo al que deberá regresar cuando concluya su periodo como presidenta del Poder Judicial.

Jiménez Aguirre fue nombrada magistrada en junio de 2020 y colocada en sustitución del magistrado Marco Antonio Lezama Moo, quien tiene un proceso judicial abierto con el que busca, a través de un amparo, lograr ser restituido en el cargo.

Es Licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, cuenta con postgrado en Derecho Procesal Penal y en Tendencias Actuales de Instrucción por la Universidad de Georgia, España, destacando sus especializaciones en actualización en Derecho Penal, Procesal Penal y Criminología.

Es maestra en Ciencias Penales por la Universidad Autónoma de Veracruz y cuenta con más de 30 seminarios enfocados en materia penal impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Human Rights Education for Legal Professional, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Su experiencia en materia penal tanto en procedimiento ordinario como acusatorio es de más de 23 años. Estuvo adscrita a la Primera Sala en Materia Penal por más de 20 años, donde desempeñó cargos como auxiliar administrativa, secretaria particular de la presidencia, secretaria de estudio y cuenta.

En los últimos años fungió como jueza de Control y Enjuiciamiento en Poza Rica.

Morena decidió no validar denominada Ley Monse

Itzel Molina

Aunque se contemplaba que este jueves sería presentado ante el pleno del Congreso local el Dictamen de reforma al Código Penal de Veracruz en materia de encubrimiento, denominado Ley Monse, este quedó fuera de la orden del día, lo que fue calificado por las Colectivas feministas como una omisión, una falta de respeto a las víctimas de este delito, un acto de ignorancia e incoherencia entre el discurso y el actuar de parte de los y las representantes de Morena.

En el pleno del Congreso local la diputada Anilú Ingram Vallines, autora de la iniciativa de reforma que fue generada con la colaboración y consenso de Colectivas, juristas, especialistas en feminicidios, legisladoras locales y representantes de la Fiscalía General del Estado, subió a tribuna para hacer visible la molestia ante el rechazo de presentar el documento para su votación.

Con un mensaje contundente en el que señaló la falta de compromiso de los y las representantes con mayoría en el Legislativo, afirmó que se confió en la palabra de los integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, quienes solicitaron tiempo para dictaminar, pero, finalmente, se comprometieron con otras causas y dejaron fuera el documento.

La diputada exigió que el Dictamen, que fue elaborado e incluso modificado, sea presentado ante el pleno, hecho que fue avalado por diputados y diputadas representantes del PT, PRI, PVEM, MC y PAN.

En los curules de varios legisladores y legisladoras fueron colocados carteles con la frase “Ley Monse”, acto con el que se demostró el apoyo hacia la propuesta que se realizó con el objetivo de evitar que familiares, amigos o cualquier persona que apoyen o encubran feminicidas, ya que por esta acción también serían sujetas a sanciones y penalidades.

En diciembre del año pasado iniciaron los trabajos para generar esta iniciativa de reforma, misma que fue consensuada en varios espacios abiertos a los que ningún representante de Morena acudió, según lo señalado por las Colectivas feministas.

Tras reunir la información necesaria se elaboró la iniciativa que fue presentada por la diputada Anilú Ingram Vallines en junio pasado ante el pleno del Congreso local.

La denominada Ley Monse se trata de una iniciativa de Decreto que reforma los artículos 26, fracción II, 345 párrafo primero y la fracción II; y deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal, la cual tuvo origen con el feminicidio de Montserrat, registrado en el puerto de Veracruz en abril del 2021 y por el cual señala como el presunto responsable a Marlon “N”, quien en ese entonces era su pareja sentimental. Se determinó que fuera denominada Ley Monse con el aval de los padres de Montserrat.

Tras los hechos, los padres de Marlon fueron detenidos por brindarle ayuda para huir, motivo por el que fueron detenidos en noviembre pasado.

En junio pasado Marlon “N” se entregó en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Veracruz, donde elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

Actualmente el Código Penal local establece en su artículo 345 excepciones en las causas de no incriminación, en especial al encubrimiento por parientes o personas allegadas. Es decir, sí una persona que es familiar hasta en quinto grado, o incluso, si es su amigo, compadre, vecino, o le tiene respeto a un presunto delincuente, pueda ser no incriminada por encubrirlo para que escape.

Incluso se pueden alterar las pruebas para lograr este fin, acto que se pretende evitar con dicha modificación a la ley.

La iniciativa denominada Ley Monse tiene por objeto reformar el párrafo primero del artículo 345 a fin de homologarlo con el artículo 400 del Código Penal Federal y quitar una posible contradicción con el artículo 347 referente a las sanciones para aquellas personas, sin importar parentesco, que destruyan o modifiquen la escena de un crimen, ocultando efectos, objetos o instrumentos del delito.

También propone la derogación de la fracción III del artículo 345, la cual es tan genérica que cualquier persona podría argumentar el sentir amor, respeto o amistad, sin que esto existiera en la realidad y quedarían estos supuestos sentimientos a interpretación, lo que genera redes muy amplias de apoyo a presuntos delincuentes, como sucede en los casos de violencia contra las mujeres y feminicidios.

¿QUÉ DIJO ANILÚ INGRAM?

Al subir a tribuna Ingram Vallines arremetió en contra de las y los legisladores de Morena por dejar fuera el dictamen de discusión de la Ley Monse, con el que se busca castigar a quien o quienes ayuden a encubrir a un feminicida.

Esto, a pesar que de que el pasado 28 de noviembre dicho dictamen fuera aprobado en la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

La legisladora indicó que la iniciativa no es una ley de oposición, sino una ley ciudadana que pasó por procesos de parlamento abierto, socializada con autoridades del propio Morena y con la Fiscalía General del Estado (FGE) que participó en las mesas de trabajo.

“Tengo muchos años sirviendo a mi estado y les voy a ser muy franca: ¡nunca pensé que esto le podría pasar al pueblo de Veracruz. Son profundamente egoístas con el pueblo de Veracruz, en especial con los familiares de Monse, a quienes les ofrezco mi más sincera disculpa, por no considerar que la honorabilidad de este Congreso de Veracruz está en duda gracias a las diputadas y diputados de Morena, que prefieren callar y obedecer, en lugar de cumplirle a quien representan”, expuso.

Refirió que todo parece indicar que a las y los diputados de Morena no les interesa que sigan en las calles presuntos delincuentes que son protegidos por sus familiares, lo que permite una impunidad que duele e insulta a las y los veracruzanos.

“Las Colectivas aquí presentes, los padres de Monse, quienes nos autorizaron nombrar esta Ley, a pesar de lo doloroso que ha resultado el feminicidio de su hija y quienes hemos trabajado intensamente en esta iniciativa; hemos sido pacientes, de más creo yo, y no solo eso, hemos sido cuidadosas, adaptándonos a las nuevas formas, pero sinceramente; a pesar de lo prometido, quienes empeñaron su palabra, no cumplieron y sin ninguna razón real más que el sesgo y el autoritarismo que los caracteriza decidieron que la Ley Monse hoy no será votada”, dijo.

Manifestó que los legisladores con mayoría en el Congreso local solicitaron confiar en sus tiempos, ya que la ley pudo haber sido votada en el periodo anterior, “como oposición nos hemos sumado a aquellas iniciativas que construyen por el bien del Estado porque sabemos hacer política; pero eso no sucede en este Congreso que ha sido el más improductivo del país y atraviesa una parálisis legislativa que perjudica a diputados de todos los grupos legislativos”.

“No logro entender por qué tanta indiferencia por parte de ustedes, me parece inadmisible pensar que solo hasta que les toque ser víctimas, entiendan la dimensión de la importancia de esta iniciativa y se pongan a trabajar en serio”, expresó.

Recordó que cuando presentó la iniciativa, junto con la Colectiva Brujas del Mar, apeló a su amor al estado, a la congruencia, a la sensatez, a la empatía y valores, los cuales, dijo, no existen en la mayoría del pleno,

“Que este jueves no se haya enlistado la Ley Monse significa mucho para la lucha feminista, para las mujeres de Veracruz, para las víctimas y sus familiares, significa lo que es una realidad: a Morena no le importa tener una agenda real para y por las mujeres, solo nos toman de retórica para sus shows mediáticos y sus discursos vacíos e incongruentes”, manifestó.

Y agregó: “Que le quede claro a la mayoría de Morena: no somos títeres, su falta de voluntad y servilismo cuestan vidas y alimentan la impunidad en Veracruz. Espero que tengan la decencia de poder ver de frente y a los ojos a los padres de Monse, para explicarles que esta ley no pasó porque la consideraron de oposición, porque sus filias y fobias pesan más que la ciudadanía, porque no les importa y porque no tienen la voluntad ni siquiera de leer una ley que, a todas luces, es necesaria para el estado. Que en sus conciencias perdure y que el pueblo se los cobre en las urnas”.

Ciudadanos en defensa del INE entregan pliego petitorio a diputados locales

Itzel Molina

Como parte de la campaña “El INE no se toca” un grupo de ciudadanos integrantes de la asociación Poder Ciudadano entregó en el Congreso local el pliego petitorio público con el que se ha hecho defensa del instituto a nivel nacional.

La intención de entregar este documento, que fue recibido en la presidencia de la Mesa Directiva del Legislativo, es replicar el llamado que han hecho ciudadanos de varias organizaciones hacia las autoridades de diferentes niveles para evitar que el INE sea afectado al aprobar reformas a las leyes secundarias en materia electoral.

En representación de la asociación Ana Laura Pérez Mendoza refirió que el movimiento de defensa del instituto electoral se realiza en todos los espacios posibles, a fin de hacer visible que en todo el país hay ciudadanos preocupados por el futuro democrático del país.

El pliego petitorio incluye cinco puntos, todos ellos rechazando las reformas que pudieran afectar la operatividad del organismo electoral.

“Hacemos un reconocimiento a las y los diputados que votarán en contra protegiendo nuestras libertades conferidas en nuestra Constitución que es garante de nuestra República federal, esta reforma electoral atenta contra el federalismo y la democracia y está abonando a la destrucción de lo que se ha construido en el país con esfuerzo de diversos movimientos sociales”, expuso.

En el primer punto se pide a los diputados federales rechazar cualquier iniciativa de reforma a la Constitución o a las leyes secundarias en materia electoral antes del proceso electoral del 2024, ya que se considera que ello atentaría contra las “mejores prácticas frente a los principios e instituciones democráticas que los mexicanos hemos construido durante los últimos 30 años”.

Seguido de ello, se pide rechazar el voto electrónico debido a su poca confiabilidad en el procedimiento electoral en el que el elector no puede verificar de manera confiable si su sufragio fue registrado sin falsificación e incluido en el cálculo del resultado de la elección.

De la misma forma, se considera que los ciudadanos no podrían comprender cabalmente de qué manera los votos totales emitidos son asignados y contados, “excluye del control político a los componentes centrales de la elección y, por tanto, no alcanza a satisfacer las exigencias constitucionales y de confiabilidad del sistema electoral del país”.

En el tercer punto se pide que desde la Cámara de Diputados se emita un exhorto a las autoridades competentes para que, de acuerdo a la ley, se eviten actos anticipados de campaña de parte de los partidos políticos y sus aspirantes a cualquier cargo de elección popular se aplique la norma y las sanciones correspondientes.

En consecuencia, se solicita que en la renovación del Consejo General del INE se garanticen los criterios de autonomía, capacidad técnica, experiencia, profesionalismo, imparcialidad y solvencia que se exige a quienes serán electos como nuevos consejeros y que en ningún momento la lógica de cuotas afecte la integración del Instituto para que así mantenga la capacidad.

Finalmente, se pide que se establezca lo necesario para que en la elaboración del presupuesto de egresos de 2024 se asignen los recursos suficientes para que el INE y el OPLE puedan realizar sus funciones según lo previsto en la ley, evitándose lesionar su capacidad de operación.