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Ante suspensión de la Suprema Corte para magistrados del TEJAV, policías resguardan torre El Olmo

Itzel Molina

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se apostaron en las inmediaciones de la torre El Olmo, donde se encuentran en las oficinas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).

Este miércoles regresaron de vacaciones decembrinas los trabajadores de dicho tribunal, antes TEJAV, entre ellos los magistrados que obtuvieron una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les permite continuar en funciones, así como los magistrados que fueron nombrados el pasado 20 de diciembre por el Congreso local.

A través de un comunicado, el tribunal dio a conocer que este 4 de enero se reanudarían las actividades en cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte en el incidente suspensivo 266/2022, el cual fue presentado por los magistrados que formaban parte del TEJAV.

«En los mismos términos que se venían realizando por parte del Tribunal Estatal de Justicia Alternativa, quedando sin efectos cualquier acuerdo de suspensión de plazos realizado con anterioridad del presente comunicado», expone el documento.

Ante ello, en las oficinas del Trijaev se encuentran elementos antimotines; sin embargo, todos los pisos están siendo vigilados por policías estatales.

Los cuatro magistrados que serían despedidos, pero ganaron el amparo de la Suprema Corte son: Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez.

Mientras que los magistrados que fueron nombrados por el Congreso local para estar frente al tribunal son: Leticia Aguilar Jiménez,
Rosalba García Salazar, Diana Oróstegui Carballo, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola.

¿QUÉ DETERMINÓ LA CORTE?

Tras la extinción del TEJAV y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev) Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaron que la decisión tomada por la mayoría del Congreso local, con la cual se ordenó la liquidación de tres meses de pago a los cuatro magistrados del tribunal es una afectación a la garantía constitucional de su independencia judicial.

Por lo tanto, ordenaron suspender el “despido y liquidación” de los magistrados nombrados en 2017, cuando se creó el órgano, y dejar sin efecto el nombramiento de seis nuevos magistrados que se hizo el pasado 20 de diciembre.

En octubre pasado el Congreso local avaló desaparecer el TEJAV, a propuesta del diputado local Juan Javier Gómez Cazarín, para crear un nuevo organismo de carácter administrativo. Tras ello, el 20 de diciembre se nombró a seis nuevos magistrados administrativos.

Para lograr esa designación, los diputados establecieron un artículo transitorio en el que determinaban que con tras la extinción del órgano, se concluía el periodo de nombramiento de los cuatro magistrados y para indemnizarlos bastaba con liquidarlos con tres meses de salario.

Los cuatro magistrados fueron nombrados en el 2017 por diputados panistas a propuesta del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, su cargo era por un periodo de 10 años, con posibilidad de ser evaluados para una ratificación de cinco años.

Sin embargo, los ministros de la SCJN determinaron que la suspensión provisional de la remoción de los cuatro magistrados, en tanto se analiza de fondo la acción de inconstitucionalidad 266/2022.

Además, ordenaron la suspensión de la designación de los nuevos magistrados que fuero nombrados el 20 de diciembre por la mayoría de los diputados locales del Congreso de Veracruz.

“Cuando un acto impugnado en una controversia tenga potencial de poner en riesgo el cumplimiento de un lineamiento del cual depende la autonomía de un órgano primario del Estado, frente a los demás poderes, la protección de las instituciones fundamentales del ordenamiento jurídico debe entenderse como un criterio positivo de la apariencia del buen derecho y tomarse en cuenta para evaluar el peligro e la demora, y lo que cobra relevancia en la posición de los órganos constitucionales autónomos en la actual concepción constitucional del principio de división de poderes construido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expone la determinación.

Los ministros valoran que el ordenar la indemnización por terminación de funciones equivalente a tres meses de percepción ordinaria, se traduce en una afectación a la garantía constitucional que corresponde al Tejav, consistente en la independencia judicial.

Con la sentencia se ordenó que los cuatro magistrados seguirían en funciones y, además, seguirán conociendo de los juicios en tanto la SCJN analiza de fondo la controversia.

Con 42 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el 24 de octubre la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (Trijaev).

De acuerdo con la reforma aprobada por este Congreso, el nuevo Tribunal funcionará con un Pleno, una Sala Superior y Salas Regionales Unitarias, de conformidad con lo dispuesto en la ley, y se integrará por seis magistraturas.

La propuesta la presentó el diputado de Morena Juan Javier Gómez Cazarín, que como responsable de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ha presentado algunos otros acuerdos en el Congreso que han sido revocados por los ministros de la SCJN, entre ellos, la desaparición de poderes en Mixtla de Altamirano, en el periodo 2017-2021.

El morenista justificó la extinción del tribunal, creado por Miguel Ángel Yunes Linares, por la poca productividad y determinó crear una mayor estructura, con más presupuesto.

¡Triunfo del Pueblo! SCJN valida recorte a prerrogativas de partidos políticos en Veracruz: Gómez Cazarín

El diputado local Juan Javier Gómez Cazarín celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el que se valida, para el proceso electoral de 2023, el recorte del 50 por ciento a las prerrogativas que los partidos políticos reciben en Veracruz, desechando -por improcedentes- los recursos presentados por las dirigencias de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Revolución Democrática, Verde Ecologista, y del Trabajo.

“Éste es un triunfo del pueblo y para el pueblo, que siempre ha demandado frenar el alto financiamiento público que reciben los partidos políticos en Veracruz y en México. Ahora esos recursos se destinarán en obras para beneficio de las comunidades”, enfatizó.

Gómez Cazarín compartió en sus redes sociales el boletín de la Suprema Corte de Justicia, en el que se valida la modificación a la fórmula para determinar el monto del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales en el estado.

En dicho documento público, el máximo órgano jurisdiccional del país declaró infundadas las impugnaciones de los partidos políticos en mención, al determinar que el precepto no es susceptible de afectar derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas, por lo que no era necesario consultarles de manera previa a la reforma.

De igual forma, desechó el argumento de que la reforma al artículo 50, apartado A, fracción I, del Código Electoral del Estado, no violó la veda electoral prevista en el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución General del Estado, ya que ésta se aplicará hasta el proceso electoral 2023.

También determinó que la reducción en el monto del financiamiento de los partidos políticos nacionales no es inconstitucional, pues como se ha establecido en diversos precedentes, las entidades federativas tienen libertad de configuración en ese ámbito, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la Constitución Federal y la Ley General de Partidos Políticos.

El documento también cita que la disposición no viola el principio de irretroactividad de la ley, pues no afecta a los partidos políticos creados previamente a la reforma, además de que la determinación del monto de financiamiento público para actividades ordinarias de los partidos políticos no es un derecho adquirido.

Cabe recordar que el pasado 17 de diciembre de 2021 se sometió a votación el dictamen de la Comisión Permanente de Organización Política y Procesos Electorales por el cual se avaló la propuesta del Ejecutivo estatal, del 11 de noviembre de dicho año, por el cual se establecía que el financiamiento para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos nacionales se fijaría anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral estatal a la fecha de corte de julio de cada año, por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Este dictamen fue aprobado con 31 votos de legisladoras, legisladores y diputade, quienes avalaron destinar alrededor de 500 millones de pesos, que dejarán de percibir los partidos políticos en lo que resta del sexenio, para reforzar las necesidades más apremiantes de la sociedad veracruzana, en materias como educación, salud, fuentes de trabajo, seguridad e infraestructura de comunicación, entre otras.

Suprema Corte invalida proteger la vida desde la concepción

Itzel Molina

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), invalidaron el artículo 4, párrafo segundo, de la Constitución Política de Veracruz en el que se protege la vida desde la concepción.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 85/2016, se declaró la invalidez de la protección de la vida “desde el momento de la concepción hasta la muerte natural como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, con las excepcione previstas en las leyes”.
La ponencia, estuvo a cargo del Ministro, Javier Laynez Potisek, quien determinó procedente y fundado el recurso de la CNDH.

Con ello, queda invalidado el decreto 912 publicado en la Gaceta Oficial el 23 de agosto de 2016. La invalidez, por extensión, también se aplica a la del citado artículo en su misma porción normativa con motivo de la reforma publicada el 23 de noviembre de 2017.

El Ministro, Javier Laynez Potisek, expuso que el Congreso Local, se excedió sus competencias para legislar en materia de Derechos Humanos.

Refirió que el Estado se impuso “a tutelar” la vida desde el momento en que un individuo es concebido, señalando que ello se opone a derechos fundamentales de la mujer como lo es el Derecho a decidir.

De la misma forma, la Ministra Loretta Ortiz, señaló que no es posible validar normas que tengan como consecuencia una restricción o vulneración de otros Derechos Humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, particularmente con relación del Derecho de las Mujeres y Personas Gestantes a decidir sobre su cuerpo.

Desde el 2009 el Congreso de Veracruz, aprobó hoy una reforma al artículo 4 constitucional que garantiza el derecho a la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos.

Suprema Corte notifica al Congreso sobre declaratoria de inconstitucionalidad de ultrajes a la autoridad

Itzel Molina

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Congreso del Estado la resolución de declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, la cual tendrá como retroactividad al 12 de marzo de 2021.

A través de la correspondencia, los legisladores fueron notificados sobre la declaratoria de invalidez de los artículos 331 en sus fracciones I, II y IV, y del 371 en su fracción II, ambos del Código Penal del Estado de Veracruz.

En la sesión de la Diputación Permanente se dio lectura al oficio SGA/MOKM/65/2022, signado por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte, el cual contiene la transcripción de los resolutivos de la sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, las cuales fueron presentadas por diputados locales y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Ante ello, la presidenta de la Mesa Directiva, Cecilia Guevara Guembe, únicamente mencionó que la LXVI legislatura se «daba por enterada».

Fue el pasado martes que se declaró la invalidez de los artículos 331, en sus fracciones I, II y IV, del artículo 371, en su fracción II, del Código Penal del Estado de Veracruz por resultar violatorios a los derechos de libertad de expresión, legalidad y el principio de taxatividad.

“En consecuencia a la declaratoria de invalidez, se propone que surta efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, fecha en que ese ordenamiento legal entró en vigor, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la sentencia al Congreso del Estado de Veracruz”, se determinó al resolver la acción de inconstitucionalidad.

Con dicha aprobación, se determinó que la declaratoria de inconstitucionalidad surtirá efectos una vez que la Suprema Corte notifique al Congreso del Estado, al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a los Tribunales Colegiados en Materia Penal; así como a los Tribunales Unitarios, Juzgados de Distrito y al Centro de Justicia Penal Federal que ejercen jurisdicción en el séptimo circuito; así como a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al emitir la notificación, el resolutivo de modificación deberá ser publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con lo que este delito quedará sin efectos.