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Presenta diputado iniciativa que garantiza defensa jurídica de pueblos originarios

El diputado Marco Antonio Martínez Amador presentó al Pleno de la LXVI Legislatura una iniciativa que prevé reformar el párrafo octavo del artículo 4° de la Constitución Política del Estado para establecer que a los justiciables miembros de pueblos indígenas y comunidades afromexicanas se garantizará el acceso a asistencia jurídica gratuita, a través de intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su idioma y lengua.

Al participar en la segunda sesión ordinaria, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, el legislador explicó que con esta modificación busca garantizar la defensa a los justiciables pueblos originarios o afromexicanos que no dominen el castellano y, a su vez, impulsar una legislación más igualitaria para promover juicios más justos.

El representante del Distrito de Acayucan dijo que en el estado de Veracruz hay aproximadamente 663 mil personas pertenecientes a pueblos indígenas, “siendo la cuarta entidad federativa con mayor población en todo el país con un equivalente del 9.3 por ciento de la población indígena según datos del Inegi. La mayoría en condiciones de vulnerabilidad social y económica lo que da una dimensión del problema”.

Agregó que la Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el estado de Veracruz reconocer y protege a los pueblos indígenas náhuatl, huasteco, tepehua, otomí, totonaca, zapoteco, popoluca, mixe, chinanteco, mazateco, maya, zoque y mixteco, así como a todos aquellos que estén asentados en la entidad.

Asimismo, habló sobre los Tratados Internacionales de los que México es parte y precisó que estos ordenamientos se advierte el derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación, en particular la fundada en su origen o identidad indígenas, el derecho a que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas; proporcionando para ello servicios de interpretación u otros medios adecuados.

El legislador detalló que en el ámbito internacional se reconoce el derecho de los pueblos originarios a ser actores en procesos legales justos y equitativos, “enfatizando su derecho a acceder a una interlocución e información comprensible la cual se da, como resulta obvio para quienes no son hispanohablantes, a través de la asistencia de un intérprete así como también por conducto de un representante legal que además de hablar su lengua originaria conozca su cultura y costumbres”.

Destacó que en la elaboración de la iniciativa y acorde con lo dispuesto en la legislación, realizó Foros de Consulta a los pueblos y comunidades indígenas, toda vez que cualquier propuesta, plan o programa, e inclusive política pública, debe tener su consentimiento, ya que les impacta directamente.

Al respecto, informó que realizó foros el pasado 10 y 16 de julio en las ciudades de Acayucan y Chicontepec para conocer a detalle las aportaciones de las y los integrantes de los grupos originarios, “la consulta implica la obtención del consentimiento previo, libre e informado respecto de la implementación de reformas o modificaciones legislativas, que impacte los valores y las prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales de nuestros pueblos originarios y afromexicanos”.

La iniciativa fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

Proponen Ley para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas

La iniciativa de la diputada Margarita Corro Mendoza incluye reconocimiento a los derechos sociales, personalidad jurídica, libre determinación, autonomía e igualdad entre todas las personas.

Saldar una deuda histórica y social con quienes enfrentan racismo, exclusión, discriminación y menosprecio de su cultura es el propósito de la Iniciativa de Ley para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Afroveracruzanas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presentada por la diputada Margarita Corro Mendoza.

En su exposición, la legisladora recordó que los artículos 2 y 5 de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, respectivamente, reconocen diversos derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, sin embargo –señaló-, la entidad no cuenta con una ley que garantice los derechos sociales de quienes constituyen el 2.7 por ciento de la población y se encuentran distribuidos en los 20 municipios con mayor número de habitantes.

Margarita Corro Mendoza propuso la idea de pueblo como ente jurídico que permita a las comunidades articularse para su desarrollo integral. Se trata –explicó- de una formalidad jurídica que les permite acreditar su personalidad, legitimar representantes y hacer efectiva toda política pública, pues brinda certeza jurídica plena.

La propuesta valora la pertinencia de que el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz asigne a un órgano con autonomía técnica y de gestión para garantizar el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos a su favor los pueblos y comunidades afroveracruzanas.

Además, la legisladora consideró que la libre determinación y autonomía de las comunidades debe estar fincada siempre en el principio de paridad de género, de modo que se garantice la participación de las mujeres en condiciones de igualdad frente a los hombres.

En síntesis, de acuerdo con su proponente, se trata de una ley adicional breve, concisa y pertinente que dé cuenta de las especificidades culturales de las comunidades afrodescendientes.

“El respeto al derecho humano a la identidad cultural abonará a la diversidad y permitirá, con respeto absoluto a la libre determinación de las personas, construir una sociedad tolerante que pueda transitar en corto plazo al ejercicio de ciudadanía con identidad, superando el racismo y la discriminación”, concluyó la Diputada.

Esta iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes, para su estudio y dictaminación.

La propuesta contó con la adhesión de las diputadas Nora Jéssica Lagunes Jáuregui, Citlali Medellín Careaga, Maribel Ramírez Topete, Tania María Cruz Mejía, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Lourdes Juárez Lara, Lidia Irma Mezhua Campos, Itzel López López, Cecilia Guevara, Magaly Armenta Oliveros, Illya Dolores Escobar Martínez, Adriana Esther Martínez Sánchez, Eusebia Cortés Pérez, Gisela López López, Janix Liliana Castro Muñoz y Ruth Callejas Roldán.

Así como de los legisladores Juan Enrique Santos, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, Ramón Díaz Ávila, Bonifacio Castillo Cruz, Paul Martínez Marie, Marco Antonio Martínez Amador, Luis Fernando Cervantes Cruz, José Luis Tehuintle Xocua, Roberto Francisco San Román Solana y Gonzalo Durán Chincoya.