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Eliminar prisión preventiva deja en indefensión a familias con personas desaparecidas

Itzel Molina

Colectivos de familiares de personas desaparecidas pidieron a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no eliminar la prisión preventiva en los delitos
de desaparición de personas y desaparición cometida por particulares porque con ello crecerá la impunidad para estos casos.

A través de un comunicado, grupos de Veracruz puntualizaron que hay apenas unas decenas de casos en proceso de judicialización por los delitos de desaparición
forzada y desaparición cometida por particulares en todo el país, «la impunidad de los perpetradores,
en muchos casos integrantes del Estado, o la protección de ellos por parte de autoridades del Estado, el modo de operación y de comisión de las conductas delictivas en materia de desaparición
de personas, hace sumamente difícil demostrar la responsabilidad de quienes nos dejaron en duelo
permanente a más de 100 mil familias».

«Vemos apenas una incipiente luz en algunos casos en los que se empieza a demostrar que la
desaparición de personas fue y es una política de Estado, criminal, terrorista, injusta y que es lesiva
de toda la esfera de derechos de las personas desaparecidas y sus familias. Con mucho esfuerzo, de
las propias familias y algunas fiscalías especializadas, sensibles a nuestro dolor se ha logrado
vincular a proceso a los presuntos responsables, a quienes se ha aplicado la medida cautelar de
prisión preventiva de manera oficiosa», dijeron.

Manifestaron que en juego no sólo están los derechos de los procesados a quienes se ha aplicado la medida cautelar
de prisión preventiva; al menos en los casos donde se señala la presunta responsabilidad de delitos
de desaparición de personas, sino también la libertad, la seguridad, la integridad, la salud, la vida misma de la víctima, de quien se desconoce su paradero; además de que en riesgo estarán la seguridad e integridad de testigos y familiares de las víctimas y el desarrollo mismo de las investigaciones.

«Las victimas de desaparición de personas, consideramos que, sin una figura extraordinaria como la prisión preventiva para el caso de los presuntos responsables de los delitos
de desaparición de personas, y desaparición cometida por particulares será aún más difícil ofrecer verdad y justicia que merecemos no solo las victimas sino el país y la humanidad entera, esperamos que las y los ministros tomen en cuenta la particular complejidad y gravedad de los delitos de desaparición y partiendo del reconocimiento de
los derechos humanos decidan, seguimos confiando en que el derecho es una herramienta de
justicia y no de impunidad», expusieron.

Recordaron que en México las familias de personas desaparecidas han luchado contra la criminalización de sus familiares desaparecidos, contra la revictimización por parte de las propias autoridades de investigación y búsqueda, así como contra la ineficiencia en la búsqueda de verdad y justicia.

«Logramos después de mucho esfuerzo que se legislaran las conductas de los tipos penales de
desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. De manera organizada hemos
luchado, no sólo por mantener viva la memoria y la dignidad de nuestros familiares desaparecidos, sino porque exista el marco jurídico que permita llevar a juicio a los perpetradores», expusieron.

Destacaron que a cinco años de la aplicación de la Ley General de Desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas se ve con preocupación que apenas «unos cuantos casos» han logrado llegar a judicializar la responsabilidad de los perpetradores.

«Resulta indignante que en un país con casi 108 mil personas desaparecidas, según registros oficiales, no podamos contar ni siquiera decenas de sentencias que repriman los delitos que laceran, no solo a las víctimas de desaparición y a sus familias sino a la nación entera, situación reveladora que la justicia ha sido omisa y negligente y que las víctimas y sus familias nunca hemos estado en el centro», destacaron.

La Suprema Corte debate sobre la prisión preventiva establecida en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre si es violatoria de los derechos humanos de los procesados y sobre su contradicción a la luz del precepto constitucional de respeto y garantía de los derechos humanos y las convenciones y tratados internacionales de
Derechos Humanos, que también forman parte de la ley fundamental de este país.

En el debate de los ministros de la SCJN ha estado presente el hecho de que ningún Estado puede
ejercer su fuerza punitiva sobre presuntos inocentes, lo que consideramos un principio que debe regir en todo Estado democrático.

Ante ello, las familias de personas desaparecidas confiaron en que los ministros no los dejaran
nuevamente en estado de indefensión frente a los posibles perpetradores de la desaparición de sus familiares.

«Estamos seguras que los ministros de la SCJN son sensibles y conscientes de la impunidad de nuestro sistema de investigación y justicia que, en lugar de condenar a los perpetradores, nos ha condenado a las víctimas y sus familias a un lacerante y tortuoso camino, donde no encontramos ni verdad ni justicia», detallaron.

El documento está firmado por los Colectivos de Búsqueda: Familiares en Búsqueda María Herrera, región Poza Rica, Familiares en Búsqueda María Herrera, Xalapa, Familiares Enlaces Xalapa, Grupo Buscando a nuestros desaparecidos y desaparecidas Veracruz, Red Unidos por los Derechos Humanos A.C., y Célula Integral e Independiente de Acompañantes de Búsqueda.

Detienen a otros 3 policías, por su presunta participación en desaparición de “El Archi”

Tres elementos de la Policía Estatal, fueron imputados a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, en agravio del encargado de la Comandancia de la Policía Vial en Veracruz, Juan Alan Cuetero Meza, alias “El Archi”.

Fue la tarde de este jueves, que se realizó la detención en las instalaciones del C5 ubicadas en el municipio de Boca del Río, de Ricardo Jesús “N”, Federico “N” y Jacobo “N”; el primero de ellos, fungía como Delegado de la Policía Estatal, en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río.

Fueron trasladados a una audiencia, la cual concluyó la madrugada de este jueves.

El Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XI Distrito Judicial de Xalapa les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, dentro del proceso penal 363/2022.

Cabe recordar que “El Archi”, desapareció el pasado 29 de mayo en Veracruz.

Por el mismo caso, también fue imputado a proceso Alan “N”, alias Relámpago, quien era Director de Operaciones de la Secretaria de Seguridad Pública. También se quedará en prisión preventiva oficiosa por un año.

Rogelio “N” gana amparo contra vinculación a proceso por delito de peculado

Itzel Molina

El exsecretario de gobierno, Rogelio “N”, logró la protección de la justicia federal en contra de la vinculación a proceso decretada en la Causa Penal 312/2021 del Juzgado de Pacho Viejo, por su presunta participación en el delito de peculado equiparado.

El Juez Primero de Distrito en Veracruz le concedió el amparo solicitado bajo el expediente 949/2021, presentado por Luis Enrique González Lira, en su carácter de defensor de Rogelio “N”.

Rogelio “N” fue detenido el 13 de marzo del 2021 por el presunto delito de violencia familiar y al obtener un amparo, se le imputó el presunto delito de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad, por los cuales se le ordenó como medida preventiva encarcelarlo.

Al estar en prisión se abrieron carpetas de investigación en su contra por los presuntos delitos de extorsión y peculado, los cuales presuntamente cometió cuando fungió como servidor público en el bienio de Yunes Linares.
De acuerdo al expediente de resolución con fecha de este 19 de abril y según el expediente 949/2021, el perredista logró un amparo contra las autoridades y por el supuesto delito de peculado equiparado que le fue imputado por la Fiscalía General del Estado.

El amparo se le concedió en contra del Proceso Penal 312/2021 en el cual se le atribuye a Rogelio “N” el supuesto desvío de recursos de la Secretaría de Gobierno para promover la imagen del entonces gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, con el objetivo de beneficiar la imagen de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien se encontraba en campaña electoral.

Los actos reclamados por los que el perredista obtuvo el amparo son: La resolución de imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en contra del quejoso, decretada dentro de la audiencia inicial celebrada el día 15 de octubre de 2021, dentro del proceso 312/2021.

Asimismo, se reclamó el auto de vinculación a proceso emitido el 20 de octubre 2021, durante la continuación de la audiencia inicial, dentro del proceso penal 312/2021, dictado en contra del suscrito quejoso, por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de peculado equiparado previsto en el artículo 324, fracción I, del Código Penal de Veracruz
Finalmente, se solicitó el amparo en contra de la ejecución de los actos reclamados, mismos que mantienen al quejoso privado de su libertad dentro del centro de Reinserción Social de «La Toma» ubicado en al municipio de Amatlán de los Reyes.

El pasado 18 de marzo el Juez Séptimo de Distrito con sede en Tuxpan emitió resolución en el amparo 121/2021 promovido por el prerredista por el proceso penal por los delitos de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad pública, quien dejó inexistente la vinculación a proceso por ambos delitos y ordenó su libertad inmediata.