Itzel Molina

Más de ocho años después de la desaparición de cinco jóvenes registrada entre Xalapa y Actopan las autoridades detuvieron a un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública que presuntamente se encuentra relacionado con la no localización de los mismos.

Ante ello, integrantes del colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz exigieron a las autoridades garantizar todos los derechos e invertir todos los recursos institucionales para lograr una sanción ejemplar para los policías y para capturar a los exelementos de la SSP que aún se encuentran prófugos.

Al presentar un posicionamiento desde la plaza Sebastián Lerdo, integrantes del colectivo y familiares de las víctimas, dieron a conocer que el 26 de noviembre de 2013, José Manuel Hernández Ortiz y Julián Rosado Domínguez junto con otros tres jóvenes fueron intervenidos por elementos de la Policía Estatal entre los municipios de Actopan y Xalapa, y trasladados a un retén instalado entre ambas demarcaciones.

Las víctimas, al comunicarse con sus familiares, indicaron que policías estatales los trasladarían a las instalaciones del cuartel de San José, lugar al que nunca llegaron. Desde ese momento y hasta la fecha se desconoce su paradero.

Las familias de las víctimas señalaron que durante nueve años han vivido el ocultamiento de información por parte de diversas instancias y la falta de credibilidad por parte de las autoridades lo que se ha traducido en que apenas este 2022 “se pueda tener un acceso mínimo a la justicia, que las garantías que deben estar dispuestas para las víctimas lleguen de manera tardía e inoportuna para la situación que han tenido que atravesar sus familiares”.

“La demostración de la intervención de elementos del Estado en la desaparición recayó durante al menos cuatro años sobre las familias, siendo estas quienes con su persistencia lograron acreditar que se trató de un operativo oficial del cual se guardó registro pero que fue ocultado hasta las autoridades investigadoras, inclusive se ocultó la participación de elementos federales de seguridad”, señalaron.

Asimismo, manifestaron que la desaparición de estos cinco jóvenes representa un “delito de lesa humanidad que se traduce en el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Destacaron que ayer, después de la persistencia de las familias, con la labor realizada por Fiscalía General del Estado y la cooperación de la Secretaría de Seguridad Pública se ejecutó orden de aprehensión en contra de uno de los elementos que permanecía en activo en la Secretaría de Seguridad Pública.

“Bajo el contexto generalizado de impunidad, se hace un llamado a las autoridades a garantizar todos los derechos e invertir todos los recursos institucionales para lograr una sanción ejemplar para los policías y para capturar a los ex elementos que aún se encuentran prófugos; a no mediar más plazos ni imponer la carga de la prueba a las familias”, destacaron.

Además, hicieron un llamado al Gobierno del Estado para que disponga los recursos, la información y los medios necesarios para que este delito sea investigado, sancionado y que se garantice su no repetición además de que se garantice la búsqueda y localización de los jóvenes desaparecidos.

“El caso por la desaparición de cinco jóvenes de Actopan debe ser un caso ejemplar de sanción a los responsables y la investigación de la cadena de mando que se siguió para desaparecer y ocultarles y debe ser una garantía de compromiso llevado a la acción para las familias de estos jóvenes y para los miles de desaparecidos en Veracruz”, agregaron.