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Auditoría del Congreso local no detectó anomalías en aplicación de recursos en Ayahualulco

Itzel Molina

El secretario de la Comisión de Gobernación en el Congreso local, Paul Martínez Marié, aseguró que en la auditoría realizada al ayuntamiento de Ayahualulco no se detectaron anomalías.

En entrevista, indicó que no se ubicaron problemas o situaciones que impliquen un riesgo para las arcas municipales.

Comentó que aunque no se tienen los resultados oficiales, desde la Secretaría de Fiscalización del Congreso local se ha dado a conocer que «no hay nada grave, quizá algunos problemas por procedimientos».

«Ya tenemos los resultados, todavía no oficiales, pero estuvimos platicando con el fiscalizador del Congreso del tema de Ayahualulco, nada grave, problemas de procedimientos que se habían llevado inapropiadamente, pero ya se subsanaron», aseguró.

Comentó que el alcalde José Arturo Morales Rosas acudió a la Legislatura, lo cual le sirvió como ejercicio para aprender sobre la marcha y llevar mejor las cosas.

El diputado reiteró que en dichas finanzas «no hay nada grave que se haya detectado».

En noviembre pasado la Secretaría de Fiscalización del Congreso local inició la auditoría al ayuntamiento de Ayahualulco.

El titular de la Secretaría de Fiscalización, Everardo Domínguez Landa, fue quien notificó al presidente municipal, José Arturo Morales Rosas, sobre el procedimiento que se llevará a cabo.

Con la auditoría, desde el Congreso local se aplicó la revisión y análisis financiero, así como técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, por el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre del presente año.

Dicha fiscalización fue ordenada por la Comisión Permanente de Vigilancia, tras la solicitud de una auditoría hecha por pobladores y por el regidor único, Iván Edilberto Munguía Vargas.

Con la fiscalización se dió cumplimiento a la fracción I Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Inicia Congreso acciones de fiscalización en ayuntamiento de Ayahualulco

Este lunes 10 de octubre y en observancia al acuerdo de la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVI Legislatura, el secretario de Fiscalización del Congreso, Everardo Domínguez Landa, entregó al presidente municipal de Ayahualulco, Veracruz, José Arturo Morales Rosas, la notificación de inicio de acciones de fiscalización al ayuntamiento.

De esta manera, la Secretaría de Fiscalización efectuará una revisión y análisis financiero y técnico del ejercicio de los recursos asignados al ayuntamiento, que comprende del 1 de enero al 30 de septiembre del presente año.

Lo anterior, en cumplimiento a la fracción I Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y demás disposiciones contenidas en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Municipio Libre, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La notificación prevé un exhorto respetuoso al munícipe, a fin de que gire las instrucciones necesarias a efecto de brindar todas las facilidades a los auditores y así tengan acceso a los lugares objeto de la visita o inspección, así como poner y mantener a su disposición los libros, registros, sistemas, bases de datos y demás información vinculada con el objeto de las acciones de fiscalización.

Asimismo, el edil fue informado de que en esta revisión participarán el director de Normatividad, Control y Seguimiento, Edmundo Macario Álvarez; la directora de Auditoría y Revisión Financiera, María del Carmen Morales Ramos; la jefa del Departamento de Auditoría y Análisis de la Cuenta Pública, Mónica Maldonado Suárez, así como los auditores Édgar Alberto Landa Bouchez, Habib Reyes Salas y Yadira Jacobo Amaya, todos de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado.

El presidente municipal, José Arturo Morales Rosas, en compañía de la síndica, Rosalía Ruiz Morales, recibió a las y los servidores públicos del Poder Legislativo, expresó su disposición y se pronunció a favor de la trasparencia y rendición de cuentas.

Ayuntamiento de Ayahualulco será auditado por el Congreso

Itzel Molina

La Comisión de Vigilancia del Congreso local ordenó una auditoría al ayuntamiento de Ayahualulco, la cual realizará la Secretaría de Fiscalización del Legislativo.

El diputado integrante de la Comisión de Vigilancia Paul Martínez Marié dio a conocer que dicho acuerdo se votó en la última reunión de la Comisión de Vigilancia.

Indicó que la fecha de inicio de la auditoría dependerá de los tiempos de la Secretaría de Fiscalización.

Refirió que para aprobar la auditoría se consideraron las denuncias ciudadanas, la queja del regidor por las agresiones y el antecedente que se tenía en la Comisión de Gobernación relacionado con una confrontación entre los integrantes del Cabildo.

«Fue por unanimidad, no hay un solo voto en contra mi una abstención para solicitar esa auditoría. Yo no tengo autoridad para mandar una auditoría si no e porque los compañeros diputados la aprueben. La auditoría es un acompañamiento para demostrar que las cosas se están haciendo de manera correcta», dijo.

Destacó que hace un mes en el Congreso local se firmó una minuta en el Congreso local, a través de la cual tanto el regidor único, Ivan Edilberto Munguía Vargas, como el alcalde de Ayahualulco, Arturo Morales Rosas, se comprometieron a llevar un trato cordial, mismo que rompieron hace aproximadamente 15 días cuando se registró el incidente de violencia en la sesión privada de Cabildo, donde el regidor fue golpeado.

Ante los señalamientos de los pobladores de Ayahualulco, quienes aseguran que él como diputado está a favor del regidor, Martínez Marié aseveró que no tiene injerencia en el tema y no conoce a las personas inconformes.

«Yo no tengo injerencia, no he ido a Ayahualulco, no conozco a la gente que respalda al regidor, ni a la gente que respalda al alcalde, no es mi Distrito, aquí la molestia es que formo parte tanto de la Comisión de Vigilancia como de la de Gobernación y me tocó atenderlos en el lado de Gobernación, firmar una minuta con ellos, junto a la diputada Margarita Corro, en donde se comprometían a llevar la fiesta en paz, firman la minuta y quince días después golpean al regidor», expuso.

El diputado consideró que no existe razón de ser para que los pobladores mantengan tomado el palacio municipal, ya que la auditoría que se solicitó para desalojarlo fue autorizada.

«Estamos haciendo lo propio en lo correspondiente al tema conciliatorio en la parte de Gobernación y en la Comisión de Vigilancia en el tema administrativo, no nos corresponde ver el tema de ingobernabilidad, pero tratamos que eso no se replique y existan acciones como estas. Desconozco qué es lo que piden porque si lo que solicitaban era la auditoría y ésta ya se aprobó, ya no tendría sentido que tuvieran tomado el palacio», agregó.

No hay denuncias por solicitudes de “moches” para la limpia de Cuentas Públicas: Orfis

Itzel Molina

La titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, rechazó que existan denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de asesores del organismo por la solicitud de “moches” para limpiar las Cuentas Públicas del 2021.

Tras entregar ante la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local el Informe General Ejecutivo e Informes Individuales de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021, la auditora defendió la labor de quienes integran el organismo fiscalizador, al argumentar que están trabajando con honestidad y profesionalismo.

«En el desempeño de todos los que integramos el organismo no debe haber lugar a dudas ni especulaciones, sino un apego estricto a la legalidad para que los resultados sean objetivos y transparentes, sin lugar para la corrupción», expuso.

La auditora fue cuestionada sobre las supuestas denuncias que se presentaron en contra de asesores internos y externos, así como en contra de despachos que presuntamente habrían recurrido a esta acción, hecho que fue declarado ayer jueves por el diputado integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Luis Fernando Cervantes Cruz.

Al respecto, González Cobos afirmó que a la fecha no se han recibido quejas o señalamientos hacia asesores por dichos actos, por lo que negó que existan denuncias.
“Cada quien en el ámbito de sus atribuciones puede presentar las denuncias que correspondan habiendo los elementos para hacerlo, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia y nosotros hemos estado abiertos a eso”, dijo.

Refirió que de manera directa envió documentos a los alcaldes y alcaldesas para señalarles que ninguna persona puede intervenir en las fiscalizaciones para evitar observaciones, ya que en el organismo no se permiten este tipo de arreglos.

“Hemos enviado oficios a los alcaldes diciéndoles que no se dejen sorprender, no les crean a quienes van a decirles que tenemos arreglos, yo se los he mandado. Tenemos resultados que derivan de procedimientos de fiscalización diferentes a como se habían estado realizando, tenemos una metodología para hacer el trabajo, claro, transparente y pulcro, como lo debe conocer la ciudadanía, de manera objetiva e imparcial”, manifestó.

Finalmente, señaló que el objetivo del organismo es eliminar la corrupción, por lo que, una vez más, pidió a las personas que tengan conocimiento de estos hechos realizar las denuncias correspondientes.

“Cada quien en su ámbito está haciendo las tareas que le corresponden y todos al final tenemos el mismo objetivo que es acabar con la corrupción, por eso si hay alguien que conozca de alguna actuación irregular de personal del Orfis o de alguien que está manejando información de que en el órgano se hacen arreglos que denuncie, necesitamos que la ciudadanía denuncie porque necesitamos acabar con la corrupción”, agregó.

Cuenta Pública 2021 con daño patrimonial mayor a 3 mil 299 mdp

Itzel Molina

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) detectó un posible daño patrimonial a la Cuenta Pública 2021 por 3 mil 299 millones 356 mil 229.83 pesos.

Este día la auditora general, Delia González Cobos, entregó a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso local el
Informe General Ejecutivo e Informes Individuales de la Fiscalización Superior
de las Cuentas Públicas 2021.

Este es uno de los informes más polémicos que se ha entregado al Congreso local, ya que se da enmedio de acusaciones de presuntos «moches» de parte de asesores para «limpiar» Cuentas Públicas, y contratación de despachos irregulares.

Durante su mensaje, la auditora manifestó que los 212 ayuntamientos tienen observaciones, mientras que también se detectó que en 34 entes estatales se presume daño patrimonial.

Por la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública se emitieron 3 mil 290
observaciones.

133 observaciones fueron en contra de entes estatales, por un monto de 189 millones 899 mil 820.84 pesos.

Los entes municipales recibieron 3 mil 111 observaciones por 3 mil 023 millones 507 mil 936.86 pesos.

En tanto, las entidades paramunicipales recibieron 46 observaciones por un monto de 85 millones 948 mil 472.13 pesos.

Durante el proceso de Fiscalización fueron practicadas mil 012
auditorías, revisiones y evaluaciones a 313 entes fiscalizables, mismos que se
desglosan de la siguiente forma:
316 auditorías en materia financiera-presupuestal; 231 auditorías técnicas a la obra pública; 1 integral de legalidad, desempeño, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera;
3 en materia de legalidad y sobre el desempeño;
234 auditorías y revisiones de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera; 15 evaluaciones de cumplimiento en materia de legalidad y desempeño, y 212 evaluaciones de participación ciudadana.

La auditora señaló que para el desarrollo y ejecución del procedimiento de fiscalización
superior de la Cuenta Pública 2021 y con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento Interior del Orfis se implementó la Metodología para la determinación de la muestra de los entes fiscalizables.

Indicó que se consideró la información relacionada con el
ejercicio de los recursos públicos que los entes fiscalizables están obligados a presentar en cumplimiento de la normativa para el Estado de Veracruz, por lo que dicha metodología refleja de manera objetiva, medible y
cuantificable los resultados que derivan del análisis de los datos reportados por los mismos entes fiscalizables.

Puntualizó que el motivo principal fue establecer los criterios para determinar la muestra de auditoría para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, a fin de obtener un extracto razonable del universo auditable, que para el ejercicio 2021 fue de alrededor de
145 mil 257 millones de pesos.

Manifestó que el Orfis implementó las medidas necesarias para poder brindar a la ciudadanía veracruzana una mejor rendición de cuentas.

Destacó queb desde el 26 de
septiembre de 2019, asumió la responsabilidad y el compromiso de servir con integridad y apego a la legalidad en la titularidad organismo.

Afirmó que se realiza un trabajo con honestidad y profesionalismo, compromiso que han asumido todas las personas servidoras
públicas que conforman el Orfis, a quienes siempre ha exhortado para que en su actuación prevalezcan los principios rectores que la fiscalización superior exige.

«En el desempeño de todos losque integramos el organismo no debe haber lugar a dudas ni especulaciones, sino un apego estricto a la legalidad para que los resultados sean objetivos y transparentes, sin lugar para la corrupción», agregó.

Ayuntamiento de Coatepec, con deuda de 5 mdp en laudos

Itzel Molina

El ayuntamiento de Coatepec tiene una deuda por laudos mayor a los 5 millones de pesos, cantidad que se prevé ir pagando durante el ejercicio fiscal 2023.

Al respecto, el alcalde, Raymundo Andrade Rivera, dio a conocer que dichos laudos corresponden a administraciones pasadas, por lo que se tienen que atender de manera inmediata.

“Tenemos algunos problemas de administraciones antepasadas, sobre todo de laudos, que sí nos dejaron, se vienen arrastrando. Sabemos que la administración pasada pagó algunos y a nosotros se nos están reflejando algunos otros”, expresó.

Manifestó que durante este año se inició con el pago de tres laudos; sin embargo, se está en proceso de cubrir “cuantos”.

“Estamos defendiendo para llegar a acuerdos para que finalmente no golpeen tanto la economía del municipio. Son diversas cantidades, pero sí son mayúsculos (los laudos), estamos tratando de llegar a acuerdos, a negociaciones porque finalmente ya nos rebotaron porque ya estaban en la última instancia, ya no le tocó a la administración pasada”, dijo.

Destacó que al entregar su proyecto de presupuesto para el 2023 solicitó un aumento, a fin de poder cumplir con el pago de los laudos.

“Ya lo solicitamos, esperamos que nos tomen en cuenta, este año, como sea, vamos a salir bien, sería para el próximo año (el aumento), este años nos dieron arriba de 240 millones de pesos, esperamos que nos mantengan la misma cantidad, ya si hay un incremento, pues bienvenido”, comentó.

Por otra parte, refirió que ya se entregó al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) la documentación correspondiente con algunas irregularidades, principalmente, administrativas que se generaron en la pasada administración que estuvo a cargo del PAN.

“Hay falta de documentación, faltan aclarar algunas situaciones que seguramente se están solventando de parte del área actora, lo que nos están solicitando hemos entregado, nosotros estamos cumpliendo con entregar la documentación. Le corresponde al Orfis llevar a cabo las auditorías, ellos determinarán, nosotros estamos entregando lo que nos solicitan y a ellos como autoridad fiscalizadora les tocará tomar las decisiones”, expuso.

Reforzar transparencia y eficacia en la fiscalización, plantea Gómez Cazarín

El diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó una Iniciativa de Decreto por la que propone, mediante la renovación de distintos ordenamientos de vigencia estatal, reforzar los mecanismos legales de transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos del estado, con una mayor participación del Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia.

De acuerdo con el texto, esta iniciativa, además de plantear un reordenamiento de ciertas prescripciones, pretende corregir dos aspectos relevantes de la articulación orgánica de la función de fiscalización y del combate a la corrupción, tomando como punto de partida los modelos constitucionales y las leyes generales de la materia.

En virtud de esto, con el fin de profesionalizar la función de fiscalización, el legislador plantea fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas del Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), frente a la representación popular.

Juan Javier Gómez Cazarín advierte que “el marco jurídico local vigente no asume a cabalidad que la función de fiscalización, si bien debe necesariamente realizarse a través de un órgano que goce de autonomía técnica y de gestión, también debe estar siempre sujeto a una supervisión eficaz por parte del Congreso”.

Por ello, propone incorporar en el texto de los ordenamientos que indica en su propuesta un mandato al legislador, en el sentido de establecer una Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control de la Comisión Permanente de Vigilancia, dentro del Congreso del Estado, que coadyuve con esa instancia dictaminadora en la coordinación, fiscalización, vigilancia y evaluación permanentes sobre el desempeño del Orfis, tal y como en la actualidad acontece entre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación.

Además, a través de un ejercicio de control y optimización del gasto público, propone que la estructura actual de la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado se transforme en la Unidad Técnica de Evaluación, Fiscalización y Control, redirigiendo los recursos destinados a la actual función de esta Secretaría, en un papel más activo.

Esta iniciativa, explica el diputado Gómez Cazarín, parte de la premisa de que la sinergia de ambas figuras detonará de forma virtuosa la estructura de incentivos de los servidores públicos del Orfis y, en esa medida, se fortalecerá su función fiscalizadora en beneficio de las y los ciudadanos veracruzanos.

De igual forma, propone establecer que el Informe de Resultado se entregue de forma digital, ya que en muchas ocasiones la impresión de los tomos resta tiempo para el periodo de solventación, convirtiéndose en un factor de tiempo que limita a los entes fiscalizables.

Del mismo modo, el legislador expone la necesidad de que los informes que presente el Orfis necesariamente deben ser analizados por la Comisión Permanente de Vigilancia, tanto en el fondo, para conocer el ejercicio del gasto público y el cumplimiento de los programas, como para evaluar el desempeño del propio organismo fiscalizador.

Para esto, la Comisión de Vigilancia, auxiliada por la Unidad Técnica, sería la autoridad del Congreso del Estado facultada para realizar el análisis y la evaluación, así como para presentar las conclusiones y recomendaciones al Orfis, para que, en su caso, se propongan modificaciones o adiciones al informe de resultados, antes de emitir su dictamen.

Destaca también la necesidad de ampliar los alcances del mandato establecido en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, respecto del análisis realizado por la Comisión de Vigilancia a los informes del Orfis, pues –afirma- configura uno de los tres elementos relevantes para la dictaminación de la Cuenta Pública. Los otros dos, añade, son la propia Cuenta Pública y los informes del Orfis.

Finalmente, propone establecer la atribución de que la Comisión de Vigilancia solicite directamente la comparecencia de los titulares de las áreas administrativas de investigación y substanciación del Orfis, con la finalidad de dar seguimiento a las acciones promovidas; esto, con independencia del informe de seguimiento que el citado órgano debe entregar al Congreso, en los primeros cinco días de marzo y septiembre de cada año.

La Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo y del Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, todos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia.

Informaría Orfis al Congreso sobre estado de Institutos Municipales de Mujeres

La diputada Illya Dolores Escobar Martínez presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo por el cual se hace un llamado el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), para que, en uso de sus atribuciones, requiera un informe a cada uno de los 212 municipios de la entidad, del presupuesto asignado, conformación y debida operación de los Institutos Municipales de las Mujeres (IMM).

Además, dicho ente fiscalizador deberá remitir a esta Soberanía y a las comisiones permanentes de Vigilancia y para la Igualdad de Género de la LXVI Legislatura un informe que contenga los resultados del análisis de la información solicitada.

En el uso de la voz, la Secretaria de la Comisión Permanente para la Igualdad de Género indicó que los municipios son la base de la división territorial y el primer acercamiento con la ciudadanía y que su prioridad en materia de igualdad de género es otorgar los servicios necesarios que promuevan, fomenten e instrumenten las condiciones que posibiliten una cultura de igualdad entre mujeres y hombres, eliminando los obstáculos para el pleno goce de los derechos de las mujeres e implementar políticas públicas que favorezcan su desarrollo integral.

En este sentido, añadió que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, es obligación de los ayuntamientos la creación del IMM como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, el cual debe dar cumplimiento a la política de protección, sanción y erradicación de la violencia. “De ahí la necesidad de solicitar al Orfis, en uso de sus atribuciones, evaluar el avance del cumplimiento relacionado con la instalación y correcta operación de estos organismos”, expresó.

Como representantes del pueblo, dijo, debe cumplirse con la labor de vigilar y cuestionar las omisiones que se cometen en contra de las leyes vigentes, e hizo un llamado a esta Soberanía a levantar la voz por las víctimas de feminicidio y de maltrato a niñas, niños y jóvenes.

Al Anteproyecto de Punto de Acuerdo se adhirieron las diputadas Cecilia Guevara, Tania María Cruz Mejía, Perla Eufemia Romero Rodríguez, Magaly Armenta Oliveros, Maribel Ramírez Topete, Margarita Corro Mendoza, Ana Miriam Ferráez Centeno, Adriana Esther Martínez Sánchez, Itzel López López, Gisela López López, así como los legisladores Othón Hernández Candanedo, Sergio Lenin Guzmán Ricárdez, Juan Enrique Santos Mendoza, Luis Arturo Santiago Martínez y Gonzalo Durán Chincoya.

En próximos días se instalará la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios

La titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, destacó que en los próximos días se instalará formalmente y por vez primera la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios.

Expuso, que a través de esta comisión se podrá invitar a las alcaldesas y alcaldes de la entidad a que utilicen las mismas herramientas y metodologías para el tema de la fiscalización.

“Como hemos visto en los municipios no ha habido un control ni mucho menos una estandarización para la atención de problemas, cada uno tiene diferentes problemáticas y cada uno las abordan como pueden o como lo entienden y al final de cuentas lo que se pretende con esta comisión, las buenas prácticas poderlas compartir y ellos puedan ahorrar y maximizar sus tiempos y sus recursos”.

En entrevista, la funcionaria estatal, mencionó, que en este momento las nuevas autoridades municipales están revisando sus procesos de entrega-recepción para elaborar su informe, en el que se identificarán algunas irregularidades.

Comentó, que una vez que cuenten con este reporte tendrán que hacer lo propio tanto administrativa como penal como lo mandara la ley.

“Se han acercado a pedir orientación y se les dice quién es la figura competente, sobre todo porque van entrando y desconocen qué hacer, muchas veces piensan que tienen que presentar una denuncia ante el ORFIS,”.

Por último, calificó de prematura, el hecho de tener un balance de las irregularidades en el proceso de cambio de administraciones municipales, pues son 30 días hábiles los que se manejan por ley.