A través de nuestro correo electrónico nos llega la denuncia de la Asociación de Vecinos del Río Suchispa AC, Patronato Pro Agua Consolapa, Asociación de Vecinos del Pixquíac-Zoncuantla AC y el Consorcio Campestre Las Arboledas.
Toda vez a que al parecer nuevamente existe mano negra en pretender reactivar la «Mina de Pétreos a cielo abierto en #Coatepec.
Misma que está ubicada en el predio «Las Lajas», que tiene un manantial de agua limpia que se destina para consumo humano.
Es muy importante frenar esta iniciativa ya que la contaminación de los mantos freáticos y cuerpos de agua por la explotación minera puede conllevar a riesgos significativos de salud.
Urgen al Alcalde Raymundo Andrade Rivera al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que se detenga este #Ecocidio
Empleados de confianza y sindicalizados del ayuntamiento de Sayula de Alemán iniciaron paro de brazos caídos ante la falta de pago, ya que se les deben tres quincenas y el aguinaldo.
«No se labora por falta de pago» y «fuera de servicio por falta de pago» son los mensajes con los que los trabajadores dan a conocer a la población que no prestarán sus servicios.
Se trata de 86 trabadores sindicalizados y 24 de confianza, quienes se han visto afectados por las diferentes irregularidades que se registran en la administración municipal.
Los trabajadores advirtieron que no regresarán a sus actividades hasta que reciban los pagos correspondientes, incluido el aguinaldo que debieron recibir como plazo máximo el pasado 20 de diciembre.
El pasado martes integrantes del Cabildo de mencionado ayuntamiento acudieron al Congreso local a solicitar la desaparición de poderes, bajo el argumento de ingobernabilidad e inoperatividad.
Ese día los ediles dieron a conocer que los trabajadores no habían recibido el pago de su salario correspondiente a tres quincenas, además de que estaba pendiente el aguinaldo.
Explicaron que la falta de pago se debe a que las cuentas del ayuntamiento de encuentran congeladas porque la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas presuntamente intentó hacer un cambio y registrar a una persona externa a la administración municipal como tesorera; sin embargo, no presentó toda la documentación correspondiente.
Detallaron que para realizar el cambio de tesorera en la institución bancaria se debe presentar un acta firmada y aprobada por el Cabildo, documento que no tiene la alcaldesa.
Aunque sí se nombró a una nueva persona como titular de la tesorería, luego de que el exterorero fuera requerido por las autoridades, esta no cuenta con el aval de la alcaldesa y, por ende, tampoco se tiene el documento que se debe presentar en la institución bancaria para hacer uso de los recursos.
Los ediles mencionaron que ante dicha situación los recursos se encuentran congelados, pues ninguna persona está debidamente autorizada para hacer uso de los mismos, por lo cual los trabajadores son los más afectados.
Ante ello, pidieron a las autoridades actuar de manera inmediata para resolver el conflicto y lograr que los empleados reciban el pago por el trabajo que han desarrollado.
La diputada del PVEM, Citlali Medellín Careaga, consideró que los legisladores y legisladoras deben tener tacto y sensibilidad política en relación a la integración de las Comisiones.
Cuestionada sobre la demora de la asignación de Comisiones, manifestó que se debe permitir que los grupos de trabajo sean integrados de la mejor manera posible.
«A algunos compañeros y compañeras les hace falta sensibilidad y tacto político, los puestos y los cargos no son para siempre y menos en política, así que las Comisiones van cambiando, las coordinaciones tienen que irse turnando y todos tenemos la posibilidad de estar y poder participar», expuso.
En su opinión, todas las legisladoras y legisladores deben permitir que todos tengan las mismas oportunidades.
«Es como si yo al llegar aquí hubiera exigido que me dieran la oficina de presidencia porque me siento bonita y soy importante, no, aquí todos coludos o todos rabones», dijo.
Manifestó que en el Congreso hay personas que ya perdieron el piso, por lo que piden integrar Comisiones que no les corresponden.
«Aquí en el Congreso hay personas que ya perdieron el piso, se les subió un poco el poder y por eso están exigiendo Comisiones que sólo le corresponden al grupo con mayor representación», comentó.
Recordó que con los cambios aplicados en la Mesa Directiva evidentemente se deben reacomodar las Comisiones, «pero no debe ser ni por capricho, ni por recomendación, debe ser por capacidad, preparación, tacto y sensibilidad política».
El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, reconoció que a pesar del avance en materia de seguridad existe un déficit de policías para proteger a los más de 8 millones de habitantes que tiene Veracruz.
Al presentar su posicionamiento ante el pleno del Congreso local, a donde acudió el Secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández, para dar a conocer los beneficios de la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028, indicó que aunque han existido avances en materia de seguridad, es necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas.
“Hemos escuchado los planteamientos para que la población se entere de las posturas a favor y en contra que tienen los partidos políticos sobre la reforma constitucional”, expuso.
Refirió que cuando se encontraba en campaña política, en el 2018, se enteró de que en la entidad únicamente se contaba con 3 mil policías, cantidad innecesaria para poder lograr la seguridad en la entidad.
Por ello, dijo, se apoyó de manera directa la creación de la Guardia Nacional, corporación que apoya en acciones de seguridad en la entidad.
“En la campaña de 2018 nos enteramos que había alrededor de 3 mil policías estatales, yo trataba de buscar las cifras, pero se ocultaban porque era un desastre generado no sólo por la administración que me antecedió, sino también por las pasadas administraciones”, expresó.
Destacó que los expertos en seguridad refieren que en Veracruz se necesitarían más de 14 mil elementos para los más de 8 millones de habitantes y, aunque se tiene el doble de elementos de los que se recibieron, todavía no se llega a la cantidad esperada.
“Cuando se propuso la creación de la Guardia Nacional, yo estuve de acuerdo, al ser gobernador se propuso la coordinación con las Fuerzas federales, por eso acudí al Senado y defendí la propuesta porque en Veracruz se necesitaba de esta corporación para lograr la seguridad”, expresó.
Puntualizó que a partir de la creación de esta corporación se instalaron las Mesas de Coordinación para la paz y en la entidad hay una general y 18 coordinaciones regionales, donde participan los alcaldes, representantes de las diferentes organizaciones de seguridad y la Fiscalía General del Estado.
“Todos están supeditados a una autoridad civil, en el estado recae en el titular del Ejecutivo, que es un servidor, con esto se aparta esta idea que han querido plantear que se pretende militarizar al país. Hay que resaltar que no han querido, quienes antes gobernador a nivel federal y estatal, de reconocer que no se trata de las fuerzas federales, estatales o municipales, no olvidemos que la violencia no se responde con más violencia o con mayor fuerza policial, sino que hay que ir buscando soluciones prácticas y precisas”, comentó.
Comentó que se ha buscado resarcir el daño de más de 30 años que generaron una amplia pobreza a nivel nacional y en Veracruz.
Ante ello, indicó que los programas sociales eran indispensables para lograr mejorar las condiciones de la población.
En Veracruz, comentó, ocho de cada diez personas tienen un apoyo federal, los cuales se han aplicado con responsabilidad y compromiso.
“Más del doble de policías estatales en los cuatro años se han contratado para lograr un reforzamiento, nosotros no hablamos con hipocresía, nosotros hablamos con hechos, los alcaldes solicitan a la federación que se cuente con mayor seguridad, pero no quieren aprobar la permanencia del Ejército en las calles, a pesar de que requieren ayuda para lograr la seguridad en sus municipios”, agregó.
La Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, reconoció que existe una falta de control administrativo en las dependencias de gobierno del Estado, que año con año es observado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) durante la fiscalización de la Cuenta Pública.
Indicó que a la fecha no ha revisado el resultado de la Cuenta Pública del 2021, documento en el que se reportan deficiencias administración estatal; sin embargo, dijo que si hay falta de control en el gasto de los recursos públicos y en la comprobación de cómo se invirtió el dinero.
En su opinión, ese tipo de observaciones no son graves, por lo que no deben ser consideradas como daño patrimonial al momento de fiscalizar los recursos públicos.
Explicó que, en esos casos, son los contralores internos los que no están realizando su trabajo, ya que el control y justificación en tiempo real del gasto es algo que se debe prevenir, por lo cual ha sostenido reuniones con ellos en las que les pide más compromiso.
“Es una falta de control. El control es de lo más complicado que existe para cualquier dependencia y para cualquiera persona, es una disciplina que se debe ir trabajando y en sistema de control interno es una buena metodología que se aplica, pero con los usos y costumbres no hemos podido, en dos años, cambiar la ideología y la manera de actuar de los servidores públicos”, expuso.
Refirió que para lograr la disciplina que se requiere es necesario que los contralores internos tengan mayor compromiso en la revisión del manejo financiero, “y que, si no pueden, digan no puedo, y que den oportunidad a alguien más”.
Destacó que a la fecha se ha sancionado sólo a un contralor interno, pero se tienen más expedientes abiertos y ya se han impuesto actas administrativas o sanciones no graves, como apercibimientos privados, por no dar seguimiento a su trabajo.
“Para tener control hay que andar atrás (de los funcionarios) como prefectos”, comentó.
Por lo menos 16 mil 262 familias veracruzanas se declararon en moratoria al primer semestre de 2022 y enfrentan juicios, pues luego de dos años de Pandemia por Covid-19 ya no pueden pagar lo que deben y hoy están en riesgo de perder sus viviendas o del embargo de sus salarios.
Los juicios que informamos con cifras del Poder Judicial tan solo al mes de mayo 2022, incluyen adeudos con bancos, hipotecarias, y entre particulares; y desde el Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz prevemos que el segundo semestre se haya agravado la problemática debido a los duros golpes a los precios de la canasta básica, pues si el salario ya no alcanza para cubrir las necesidades básicas, menos se podrán solventar los pagos de tarjetas o vivienda.
En materia de instituciones bancarias, Santander es el banco que más juicios ha promovido, optando también por drásticas medidas judiciales como el congelamiento de cuentas bancarias de sus clientes. Las familias simplemente no pueden pagar lo que deben con las actuales tasas de interés, sobre todo porque ni los bancos, ni las instituciones de gobierno acceden a convenios de pago justos y viables en el contexto económico que vivimos.
Estamos en el último trimestre del tercer año de la Pandemia por Covid-19 y el más duro en inflación, vamos a terminar el 2022 con las manos atadas, porque además de las deudas, nos enfrentamos a autoridades insensibles que se olvidaron de crear un plan de emergencia para el rescate de la economía familiar y están poniendo como prioridad la recuperación de cartera vencida de bancos e instituciones públicas.
Otro síntoma inequívoco de que no hay solvencia es el incremento en los créditos. Cifras del Banco de México informan que los créditos van en incremento: el crédito al consumo subió 5.6 por ciento este año, las tarjetas de crédito 6.4 por ciento, los créditos de nómina 6.6 y los préstamos personales 7.2 por ciento, lo que representa al menos 29 millones de nuevas tarjetas de crédito en circulación; las familias están gastando lo que todavía no ganan para cubrir sus necesidades básicas.
Provoca alerta la postura optimista y falsa de las autoridades federales que aseguran que México está saliendo de la crisis, cuando la realidad está al alcance de todos y es preocupante. Hoy las familias mexicanas tienen que decidir entre comer o pagar sus créditos. Desde el Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz exigimos un verdadero Plan de Emergencia ante la Crisis Económica que contemple que se congelen los intereses moratorios y se ofrezcan alternativas de pago viables de acuerdo al alza en precios que vivimos en el país. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Economía, las comisiones de Hacienda y Economía y Comercio de la Cámara de Diputados deben vigilar que los bancos e instituciones de crédito cuenten con opciones de pago justas y congruentes con la crisis que atravesamos.
Padres de familia de estudiantes de la escuela primaria «Venustiano Carranza», ubicada en la localidad de Mata Tenatito del municipio de Omealca, se manifestaron al exterior de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), para denunciar que el plantel tiene 3 años sin director.
La presidenta de los Padres de Familia, María Isela Sierra Carbillo, aseveró que en una persona llega a suplir de forma interina la dirección, sin embargo, solo está un par de meses y se va
“Estamos aquí realizando esta manifestación porque la semana pasada se fue la última directora, sólo estuvo dos meses y se fue. Esto está afectando a 179 alumnos”, expresó.
Mencionó que por temporadas se asigna la dirección a los docentes, pero no pueden atender la dirección y grupo. El último director efectivo se jubiló y desde entonces la situación se complicó.
También están solicitando un intendente de planta, ya que igualmente mandan a una persona por un par de meses y se va.
“Ya estamos cansados de que no respeten al plantel educativo, ya que nuestros hijos necesitan una persona que esté al frente del plantel educativo, y así también que el plantel educativo esté siempre limpio”.
Por ello, pidieron la intervención del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para que mande al un nuevo director del plantel.
Desde temprana hora, Integrantes del Sindicato Innovador Magisterial Veracruzano (SIMVE), tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Y es que exigen el pago del aumento salarial a los maestros estatales, anunciado desde el pasado 15 de agosto.
“Esta pendiente que se le pague a los compañeros del sistema estatal el aumento salarial publicado el día 15 de agosto del 2022 en el Diario Oficial de la Federación, ya estamos a 4 de octubre y a los trabajadores del sistema estatal no se les ha pagado, únicamente son los trabajadores del sistema federalizado los que ya recibieron su aumento salarial en tiempo y forma”, expresó el Secretario General del Sindicato, Gerardo Velázquez.
Mencionó que dicha situación ha generado un descontento generalizado, debido a que no hay fecha de pago para el incremento de salario.
Por ello, exigieron que se vea reflejado dicho aumento a la brevedad posible, “y no caer en actos discriminativos, al omitir pagar a tiempo y a la par a los compañeros del sistema federalizado”.
El presidente de la Cruz Roja Mexicana delegación Xalapa, Antonio Limón Cházaro, afirmó que ha sido complejo concluir la construcción de la subdelegación en Arco Sur, debido a la tramitología, la complejidad del terreno y la falta de recursos.
Entrevistado en el marco de la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, refirió que desde hace aproximadamente cinco años se cuenta con el terreno; sin embargo, no se ha podido concretar el proyecto.
«Ha sido un tema complejo, hemos tenido contratiempos, es un proyecto que se ha tenido que alargar, a veces es difícil poder concluir un proyecto que ha tenido contratiempos, son varios factores por los que no hemos podido complementar el proyecto», expuso.
Manifestó que no se puede hacer uso de los recursos de la central, ubicada en la calle Clavijero en la zona Centro, para realizar el proyecto que significa una gran inversión.
«Tiene como cuatro o cinco años, el terreno en su configuración física es difícil, requeriría recursos para poder construir, como somos privados, lo hemos intentado hacer con recursos propios, pero también es una cuestión técnica y tramitología», expresó.
Al respecto, puntualizó que tras la pandemia se cuenta con una situación económicamente estable, pero se debe trabajar más para lograr recursos.
Por ello, hizo un llamado a la población para colaborar con recursos para la corporación, no sólo en la campaña de donación que se lleva a cabo de manera anual.
«Estamos en una situación estable, aunque debemos trabajar más para conseguir el recurso, ha sido un año difícil por la pandemia, pero hemos salido adelante, hemos atendido los casos Covid, el llamado es a la ciudadanía para que nos apoyen siempre, no sólo en las colectas, para que podamos seguir ayudando a la población, ya sea con emergencias o en eventos como los sismos», mencionó.
Dejó en claro que a pesar de ello no se ha bajado ni la calidad ni los servicios que se utilizan para atender a los pacientes, «recordemos que la Cruz Roja es una institución ciudadana, no tenemos presupuesto, sí recibimos apoyo del ayuntamiento de Xalapa, pero es una institución ciudadana y nos corresponde colaborar».
Destacó que el año pasado se brindaron 2 mil 770 emergencias gratuitas de ambulancia y de enero a agosto se realizaron mil 200 servicios de emergencias gratuitos y 5 mil 713 de servicio médico.
«El mayor número de servicios son patologías, es decir, personas que están enfermas en sus casas y requieren apoyo, es una forma de demostrar la capacidad que tienen los paramédicos porque están haciendo la atención de un médico», agregó.
Padres de familia de la escuela primaria «José Vasconcelos», ubicada en la calle División del Norte de la colonia Ejidal del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, se manifestaron al exterior del Instituto de Espacios Educativos (IEE).
Y es que afirman que quedó inconclusa la obra de construcción de dos aulas.
“Queremos que la empresa constructora ya termine la obra de dos aulas de la escuela, quedó pendiente también un barandal, la instalación eléctrica y ventanas y puertas”, expresó la presidenta de la asociación de padres de familia, Juana Durán.
Dijo que las aulas son para los niños de cuarto y quinto grado, un aproximado de 140 alumnos.
Lamentó que a tan solo unos días de iniciar el próximo ciclo escolar, la escuela no está en condiciones adecuadas, “nos urge que nos entreguen la obra ya que lleva un año y no puede terminarla, la empresa dice que la dirección de espacios educativo no les quiere pagar”.
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