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Denuncia formalmente GLPRI a funcionarios del gabinete de Veracruz ante la Contraloria General.

Durante la comparecencia de la Contralora General del Estado, la diputada local Anilú Ingram Vallines exigió se esclarezcan los casos de hostigamiento y acoso sexual, la contratación de empresas de nueva creación, la contratación de empresas de objeto comercial distinto al de los procesos licitatorios, la entrega de contratos a empleada de gobierno, las nóminas ocultas, las empresas fantasma, así como la la pérdida de 300 millones de pesos en un banco que ya no existe; cuestionamientos que los diputados priistas han realizado a los diferentes servidores públicos que han comparecido ante los diputados.

“¿Cómo va a actuar la Contraloría que usted encabeza ante estos señalamientos?, ¿ya inició algún seguimiento al respecto o seguiremos en espera de respuesta sin acción?”, cuestionó la Coordinadora del Grupo Legislativo del PRI.

Ingram Vallines le entregó las preguntas que los diputados del grupo legislativo del PRI le hicieron a los secretarios, presentándolas como denuncia ciudadana e inconformidad de licitaciones, concursos, convenios o contratos que celebren dependencias y entidades de la administración pública estatal; esto para que se tomen cartas en el asunto y puedan iniciarse las investigaciones correspondientes.

Además pidió conocer cuáles fueron las acciones que se establecieron por Sistema Estatal Anticorrupción y solicitó copia de los informes periódicos que le envió al Comité Coordinador de dicho Sistema Estatal Anticorrupción sobre el resultado de las evaluaciones del desempeño de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de los recursos públicos, así como de las acciones que procedieron para corregir irregularidades detectadas.

Para finalizar la diputada local Anilú Ingram señaló un caso de violencia contra una trabajadora de la Contraloría General del Estado, que fue ventilado en los medios, por lo que le pidió a la titular revisar el desempeño de ella y de sus subalternos en un tema tan sensible como el de las mujeres.

Ante estos cuestionamientos la Contralora señaló: “Voy a contestar lo más que pueda a sus preguntas, son muy diversas”.

En dependencias existe falta de control administrativo, reconoce Contralora

Itzel Molina

La Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, reconoció que existe una falta de control administrativo en las dependencias de gobierno del Estado, que año con año es observado por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) durante la fiscalización de la Cuenta Pública.

Indicó que a la fecha no ha revisado el resultado de la Cuenta Pública del 2021, documento en el que se reportan deficiencias administración estatal; sin embargo, dijo que si hay falta de control en el gasto de los recursos públicos y en la comprobación de cómo se invirtió el dinero.

En su opinión, ese tipo de observaciones no son graves, por lo que no deben ser consideradas como daño patrimonial al momento de fiscalizar los recursos públicos.

Explicó que, en esos casos, son los contralores internos los que no están realizando su trabajo, ya que el control y justificación en tiempo real del gasto es algo que se debe prevenir, por lo cual ha sostenido reuniones con ellos en las que les pide más compromiso.

“Es una falta de control. El control es de lo más complicado que existe para cualquier dependencia y para cualquiera persona, es una disciplina que se debe ir trabajando y en sistema de control interno es una buena metodología que se aplica, pero con los usos y costumbres no hemos podido, en dos años, cambiar la ideología y la manera de actuar de los servidores públicos”, expuso.

Refirió que para lograr la disciplina que se requiere es necesario que los contralores internos tengan mayor compromiso en la revisión del manejo financiero, “y que, si no pueden, digan no puedo, y que den oportunidad a alguien más”.

Destacó que a la fecha se ha sancionado sólo a un contralor interno, pero se tienen más expedientes abiertos y ya se han impuesto actas administrativas o sanciones no graves, como apercibimientos privados, por no dar seguimiento a su trabajo.

“Para tener control hay que andar atrás (de los funcionarios) como prefectos”, comentó.