El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia, por el cual se autoriza intervenir la tesorería del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, Veracruz, con un alcance material de intervención directa y por una temporalidad de dos años, con la finalidad de supervisar y evaluar que el gasto programado cumpla con los objetivos establecidos dentro de los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Asimismo y de conformidad con el artículo 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, se instruyó a la Secretaría General del Congreso local, para que, de acuerdo con la estructura orgánica y administrativa, designe el interventor correspondiente y cumpla los efectos señalados anteriormente.

En el dictamen, la Comisión de Vigilancia expone que la designación de un interventor tiene como finalidad garantizar la transparencia en la utilización de los recursos públicos a través del control, vigilancia y fincamiento de responsabilidades, permitiendo concretar la auditoría integral a la Cuenta Pública, determinar la omisión y el incumplimiento de las obligaciones que haya lugar, así como la evaluación y regularización del gasto público, a efecto de que cumpla con los criterios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Además, previamente refiere que este Congreso, a través del área correspondiente, inició el pasado 20 de octubre acciones de fiscalización al ayuntamiento en mención. Dichos actos, tendrían como finalidad que el Ayuntamiento ofreciera y entregara información que permitiera razonar el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones que tienen como municipio y combatir la veracidad sobre el manejo opaco de los recursos.

Sin embargo, aclara, lejos de abonar al esclarecimiento de los datos y cooperar con la autoridad en una actitud de transparencia y cumplimiento de las obligaciones, en diversas ocasiones, a través de la persona designada por la presidenta municipal, se negó a entregar información.

Con el objeto con los actos de fiscalización, en reiteradas ocasiones el personal habilitado por el Congreso para practicar la diligencia, requirió la información a la autoridad municipal; no obstante y hasta el momento, perdura la respuesta negativa y una actitud contraria a la cooperación y la transparencia, respecto a los datos requeridos, cuestión que el personal actuante hizo constar en el acta de hechos.

Por último, se establece que dadas las circunstancias y al persistir el problema y agravarse aún más el riesgo existente sobre un posible daño patrimonial de imposible reparación, así como una afectación al presupuesto y a la esfera pública y social del ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, se considera prudente, necesario y urgente designar un interventor a la tesorería municipal.

El Pleno de la LXVI Legislatura del estado aprobó, con 48 votos, el Dictamen de Decreto por el cual se aprueban y, en otros casos, se prorrogan para el ejercicio fiscal 2023 los valores catastrales unitarios de suelo y construcciones de los municipios de la entidad, con base en lo analizado por las Comisiones Permanentes Unidas de Hacienda Municipal y de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal.

En primer término, fue aprobado dichos valores de los ayuntamientos de Alvarado, Atzalan, Ayahualulco, Coatzacoalcos, Córdoba, Cotaxtla, Hidalgotitlán, Ixhuacán de los Reyes, Naranjos-Amatlán, Orizaba, Paso de Ovejas, Soledad de Doblado, Uxpanapa, Xalapa y Zongolica.

Por otra parte y ante la no presentación de sus respectivas propuestas de actualización, el Pleno determinó prorrogar, para el ejercicio fiscal 2023, la vigencia de los valores unitarios de suelo y construcciones que han servido de base durante el presente ejercicio fiscal, para el resto de los ayuntamientos.

De acuerdo con el dictamen, las comisiones exponen que, después del análisis y de la opinión técnica de la Dirección General de Catastro y Valuación del Gobierno del Estado, concluyen que, con el objetivo que los municipios fortalezcan su hacienda municipal y con respeto a su autonomía para realizar la propuesta de actualización de tablas catastrales, hay coincidencia en la procedencia de éstas, toda vez que cumplen con lo establecido en la ley.

El documento refiere que el artículo 51 de la Ley de Catastro del Estado señala que los ayuntamientos deberán presentar al Congreso las propuestas de Tablas de Valores entre el 1 y el 30 de mayo del año anterior a aquel para el cual se proponen, y el numeral 52 de la misma ley indica que el Congreso aprobará dichas tablas a más tardar el último día del segundo periodo ordinario de sesiones.

Señala que, no obstante estar dotados de instrumentos jurídicos para fortalecer sus haciendas, la gran mayoría de los municipios no hizo efectiva esa atribución, ya sea para modificar sus Tablas de Valores Catastrales o para solicitar la prórroga de la vigencia, por lo que las comisiones dictaminadoras consideraron que los ayuntamientos que no solicitaron modificación deberán utilizar los valores del presente ejercicio fiscal.

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