Javier Duarte se defiende ante acusaciones de Cuitláhuac García

Itzel Molina

Tras el mensaje de gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, en torno a las denuncias que presentará en contra de exfuncionarios de los últimos dos gobiernos estatales por presuntas irregularidades en el manejo de la deuda pública, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa hizo una publicación en redes sociales en la que aseveró que cada financiamiento que su administración gestionó fue aprobado por el Congreso local.

El mensaje del exmandatario estatal fue publicado en su cuenta oficial de Twitter y en este rechazó que durante su administración haya existido acciones o actos al margen de la ley.

“Durante mi administración, toda la deuda pública bancaria y toda la deuda pública contingenté con acreedores, proveedores y contratistas fueron aprobadas por el Congreso del Estado, las gacetas oficiales dan cuenta de ello”, expuso.

Lo anterior, surgió luego de que el actual gobernador señaló en conferencia de prensa que, además de desfalco, pudo existir colusión en la judicialización de algunos casos para heredar pendientes a la actual administración por parte de los gobiernos de Miguel Ángel Yunes Linares y el de Javier Duarte de Ochoa.

García Jiménez afirmó que en la administración de Yunes Linares “sus funcionarios no cumplieron con defender las finanzas públicas”. Por ello, no descartó que se pueda generar responsabilidad en contra de los exmandatarios, aunque los recursos legales inicialmente van dirigidos a sus exfuncionarios.

Mencionó que en las dos administraciones se dejaron ganar demandas, por lo que supuestamente hubo acuerdos “debajo de la mesa” para afectar las finanzas de Veracruz.

“Hubo un manejo de simulación en la deuda. Vamos a implementar denuncias penales contra funcionarios de la administración anterior y la de Javier Duarte por haber simulado tipos de deuda y no haber defendido al Estado de demandas”, expuso.

Asimismo, acusó que su antecesor no defendió a la administración estatal de dichas demandas ante los tribunales y por tanto el actual Gobierno ahora está obligado al pago de servicios u obras de las que no tiene certeza que se hayan realizado o entregado.

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